Hasta cuatro años de cárcel para empleados públicos corruptos

En el seno de la Alcaldía de San Cristóbal se están registrando hechos de corrupción por parte de algunos trabajadores

Anggy Murillo | La Prensa Táchira.- El actuar de los "gestores" no es nuevo, pues en todas las instituciones públicas existen personajes que se encargan de captar a quienes necesitan algún trámite ofreciendo realizar el papeleo y agilizar estas diligencias, exponiéndose incluso a sanciones penales.

El artículo 91 de la Ley Contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público, establece que estos castigos no sólo recaen contra los funcionarios, también tiene responsabilidad quien contrate sus servicios.

"El funcionario público que por algún acto de sus funciones (...), reciba para sí mismo o para otro, una suma de dinero (...) será penado con prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa del cien por ciento (100%) de lo recibido o prometido. Con la misma pena será castigado quien diere o prometiere el dinero (...)", se lee.

Aunque en algunos casos estos gestores son ajenos a las instituciones, muchas veces son trabajadores que portando uniforme piden el pago en moneda extranjera.

De estos actos no escapa la Alcaldía de San Cristóbal, organismo en el que la diputada de la AN de 2015, Karim Vera, asegura "llueven los gestores". Explica que al ir por información sobre impuestos a cancelar por una empresa fue abordada por quienes le propusieron realizar el trámite.

"Lo que llama la atención es que luego de un cambio radical de gobierno, no se ve que se tomen medidas para evitar que los ciudadanos sigan siendo acorralados por gestores", resaltó.

Otro alcalde

A juicio de Vera, si este tipo de actos se hubieran evidenciado durante una gestión de oposición, las sanciones en su contra habrían sido ejemplares.

"¿Qué pasaría si esto fuese denunciado durante la gestión de un alcalde opositor? Habría sido acusado de ser cómplice y de enriquecimiento ilícito. Quien dirige las riendas del municipio es un representante del chavismo y vemos cómo estas actividades en vez de detenerse lo que hacen es proliferarse", denunció.

Confirmación

Al recibir esta denuncia, desde este medio se decidió acudir a la Alcaldía de San Cristóbal para corroborar si realmente los hechos se estaban presentando.

Al igual que la diputada, se llegó con la finalidad de obtener información del trámite de la Patente de Industria y Comercio y el Impuesto al Derecho Publicitario. En el camino y al preguntar dónde quedaban esas oficinas, fuimos abordados por al menos seis personas que se ofrecieron a realizar el documento por nosotros.

En cuanto a la patente, que cuesta 57 bolívares, un joven, portando uniforme de la alcaldía, explicó que era mejor y más fácil procesarlo con un gestor, al consultar el precio dijo que eran 600 mil pesos colombianos.

Posteriormente, nos dirigimos hacia el área en la que se procesa el impuesto por publicidad, allí nos encontramos con María, otra trabajadora, quien explicó que el monto a pagar dependía del tamaño. Posteriormente, nos movió de lugar y dijo que "eso yo se lo hago para que no haga esa cola y sea más rápido", pidió nuestro contacto y en horas de la tarde realizó una llamada telefónica.

En la conversación no sólo se ofreció a agilizar este trámite, también dijo que podía procesar el permiso sanitario y el Permiso de Conformidad de Bomberos, cada uno por 250 mil pesos. En el caso del que otorgan los bomberos, este tiene un valor real de entre 1,5 y 3 petros, que al cambio llega a superar el monto solicitado por la gestora.

A través de mensajes de WhatsApp, se le consultó si garantizaba que el trámite es legal, y que cumplieran con los requisitos de inspección, firmas y sellos, a lo que respondió "sí claro. Se hacen inspecciones. Dios me libre de hacer algo ilegal".

Esta persona, sólo por efectuar el papeleo, sacar copias y agilizar el trámite, solicitó el pago de 350 mil pesos.

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