Táchira contó 19 presuntas muertes extrajudiciales en 2021

Jhoana Suárez | La Prensa Táchira.- Al menos 19 presuntas muertes extrajudiciales se contabilizaron en Táchira durante 2021. La cifra dada a conocer en el más reciente informe emitido por el proyecto "Lupa por la vida" que lleva adelante el Centro Gumilla y Provea en el país, aunque muestra un descenso significativo en comparación con el año 2020, sigue siendo un "número rojo" que habla de la alta letalidad de los organismos policiales y militares del estado y del país. 

Según la data presentada por las ONG, Táchira fue víctima de al menos 19 presuntas muertes extrajudiciales durante el año 2021, las cuales se perpetraron en 11 municipios de la región. San Cristóbal lidera la lista de los municipios con mayor número de muertes extrajudiciales con un total de 5 crímenes, seguido de los municipios García de Hevia, Capacho Viejo, Bolívar y Torbes, con 2 muertes cada uno. Los municipios Jáuregui, Junín, Córdoba, Ureña, Ayacucho y Samuel Darío Maldonado sólo registraron un caso cada uno. 

Los organismos actuantes en estos casos, según revela el informe de "Lupa por la vida" son el Cicpc, al que se le atribuyen 14 de las presuntas muertes extrajudiciales cometidas en Táchira, la FANB que tiene una muerte, la GNB a la que se le atribuye 1, la Policía Nacional Bolivariana a la que se le atribuyen 2 muertes y las FAES con una muerte. 

A nivel nacional, las cifras de presuntas muertes ascienden a 1.414, reflejando un descenso de más del 50% con respecto al año 2020, cuando la misma ONG contabilizó 3.034 ejecuciones. 

Monitoreo

Para Marino Alvarado, abogado y representante de Provea en el proyecto "Lupa por la vida", este tipo de cifras no sólo les ha permitido ver el número de personas que han sido presuntamente ejecutadas por los cuerpos de seguridad del estado, sino también las tendencias y los patrones de actuación de los organismos policiales, pues la mayoría de las víctimas son jóvenes y de zonas pobres, también hay una prominencia de la actuación de los cuerpos policiales con competencia nacional, como la PNB y el Cicpc, sin dejar de mencionar la alta participación de la FANB a través de la GNB en las ejecuciones. 

Otro elemento a destacar, según Alvarado, es la enorme impunidad que hay en estos casos de presuntas ejecuciones. "Prácticamente no hay investigación en los casos, ni siquiera investigaciones administrativas por parte de los propios organismos policiales cuando hay denuncias de abuso. Y esta impunidad es la que contribuye a que el fenómeno se mantenga en el país". 

Si bien es cierto la cifra disminuyó en comparación al 2020 cuando se contabilizaron 3.034 presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el país, para Alvarado esta cifra sigue demostrando la alta letalidad de los organismos policiales no sólo en el estado, sino en el país. 

Puesto 15

Revisando la totalidad de los estados, dijo Alvarado, el Táchira ocupa el puesto número 15 en ejecuciones extrajudiciales. 

"El hecho de que no tenga la gran cantidad de casos que tiene Zulia, Carabobo o Aragua no significa que no deba ser preocupante que se hayan producido ejecuciones extrajudiciales, porque no debería haber ninguna". 

En cuanto al papel de los órganos de impartir justicia en la nación, Alvarado recalcó que el mismo ha sido "lamentable". Hizo referencia al silencio de la Defensoría del Pueblo, que se traduce a su juicio en una enorme complicidad en cuanto a este tema. 

"El papel de la Defensoría del Pueblo debe ser el de acompañar a las víctimas, a los familiares de las víctimas para que exijan justicia, debe presionar para que se adelanten las investigaciones tanto de los autores materiales como de las cadenas de mando, a pesar de ello no hay ninguna solicitud, no hay acompañamiento ni siquiera denuncias. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, mantiene un silencio cómplice frente a las ejecuciones extrajudiciales", añadió. 

En el caso del Ministerio Público, tampoco hay investigaciones lo que viola el memorándum de entendimiento establecido entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el Estado venezolano.

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