Inició en Perú juicio sobre casos de esterilizaciones forzadas 

Agencias | La Prensa del Táchira.- El juicio contra los tres exministros de salud sobre el caso de las esterilizaciones forzadas a unas 300.000 personas en Perú inició este jueves, según reseñó RT. 

El cuestionado procedimiento fue aplicado en su mayoría mujeres y hombres pobres y quechuahablantes, entre 1996 y 2000, durante el último mandato presidencial de Alberto Fujimori.

El proceso penal, que conduce el juez Littman Ramírez Delgado, es contra los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga; así como contra el exasesor del Ministerio de Salud (Minsa) Ulises Jorge Aguilar.

De momento, aunque también está implicado en esta causa, no podrá declarar el expresidente Fujimori, debido a que su proceso penal por este caso se mantiene suspendido, mientras se espera que la Justicia de Chile acepte la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, luego que el exmandatario fuera detenido en ese país.

A los tres exministros, al exasesor del Minsa y a Fujimori se les considera como presuntos autores de la "comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en un contexto grave de violación de derechos humanos", según consta en una decisión judicial, citada por La República.

A la audiencia del jueves acudieron Yong y Aguilar a brindar sus declaraciones. Entretanto, no asistieron, aunque estaban citados, Costa y Aquinaga, quien se desempeña actualmente como congresista del partido fujimorista Fuerza Popular.

La plataforma 'Somos 2074 y Muchas Más' informó que el juzgado reprogramará las fechas para las declaraciones de Aguinaga y Costa. "Esperamos que respondan a la justicia y no se corran", dijo la agrupación.

Se estima que durante el proceso se escuchen las declaraciones de aproximadamente 750 personas, tanto procesados como víctimas y familiares.

"Programa de Salud Reproductiva"

Este proceso, que inició en 2002 y ha sido archivado y reabierto varias veces, cuenta con unas 1.317 denunciantes.

Las esterilizaciones forzadas a esas cerca de 300.000 personas, en su mayoría mujeres indígenas quechuablantes, analfabetas, en situación de pobreza y pobreza extrema, se dieron en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, etapa en la que se incrementó ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.

El programa "no garantizó el derecho humano al consentimiento previo, libre, informado y por escrito en caso de métodos irreversibles. Tampoco los derechos humanos a la planificación familiar y del acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos", dice un artículo del año pasado de la oenegé Demus.

De acuerdo con la organización, miles de las mujeres que fueron sometidas al procedimiento "fueron estigmatizadas, abandonadas, migraron forzadamente, y aún no logran acceder a educación, servicios de salud ni trabajo remunerado. Enfrentan problemas de salud emocional, mental, sexual, reproductiva y física".

Además, señalan que "sufren y mueren sin lograr verdad, justicia y reparaciones integrales", debido al retraso del proceso judicial.

Fuente: RT

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