SIN CONTROL PARLAMENTARIO SOBRE EL GOBIERNO

Desde el 2017 la Asamblea Nacional de Venezuela no aprueba la Ley de Presupuesto, lo cual indica que el ejecutivo nacional (gobierno) expone en plenaria de la cámara de Diputados sus criterios presupuestarios de gasto e inversión, del cual en físico no les entregan a los Diputados para su examen para convertirlo en Ley de presupuesto.

5 años sin aprobar y sin saber cómo se distribuyen las partidas de gasto, orientación de las partidas y en ese proceso determinar cuál es la prioridad y en base a lo presentado revisar el esquema de la relación presupuesto vs objetivos y metas programados.

La gravedad de no conocer el presupuesto radica en el hecho de que sin información no puede ejercer el control que le corresponde de la ejecución de esos presupuestos, de todos los ministerios, gobernaciones, alcaldías, entes, empresas del Estado, de PDVSA, control presupuestario y de gestión de los servicios públicos nacionales, dicho de otra manera, no tienen conocimiento de qué hace, qué metas se proponen cumplir y con cual recurso todo lo que implica ser poder ejecutivo.

Con ello, nos obliga a revisar el hecho de que no existe reparto del Situado Constitucional, que es la porción de dinero que le corresponde a estados y municipios, para que igual sobre la propuesta de obras y servicios se puedan medir la ejecución de estos recursos.

Una de las razones que explican la pérdida de gobiernos competitivos regionales, no solo es la reversión de la descentralización, sino la centralización del presupuesto y su destino, del cual ya no se tiene conocimiento, no queda al escrutinio público y muy por el contrario pasa a ser un secreto de quien decide qué hacer con el dinero.

Los discursos de democracia participativa y de presupuestos participativos se quedan en la biblioteca de slogans, si ya ni los Diputados Nacionales y regionales pueden discutir el aprobar los presupuestos, menos podrán hacer seguimiento de una gestión de la cual no tienen ningún tipo de información.

Otra parte del problema es el hecho de que sean los propios parlamentarios los que hayan permitido con su silencio que tal cosa suceda, se trata de Diputados que deniegan de la competencia atribuida por la Constitución.

El control presupuestario y fiscal que ejerce la contraloría nacional o estadal del gobierno lo hace en el examen del presupuesto, el funcionario da cuenta de los recursos que maneja, pero si no se sabe quién tiene atribuida esa responsabilidad ¿cómo se puede controlar? Tiene que existir un presupuesto con metas para medir la ejecución.

En tiempos de la democracia representativa, el control que se ejercía desde la contraloría, le correspondía a la oposición de forma permanente, hoy le corresponde al mismo partido de gobierno, de esta forma no hay control.

Si el cuerpo político por excelencia que es la Asamblea Nacional, no logra saber cuánto dinero le ingresa a Venezuela, menos sabrá si eso que le dicen ingreso es real, o es más y le dicen menos.

Como se puede perseguir a un funcionario corrupto si previamente no sabes qué presupuesto maneja y ello no queda legalmente establecido en una Ley.

Adicionalmente, si la AN va perdiendo sus competencias medulares se va aproximando cada vez más al parlamento comunal, el que no controlara nada pero servirá de vitrina para decir que existe una expresión de apoyo representado por ellos mismos desde otra instancia a donde solo ellos participan, ¿y la vitrina para quién? Para la comunidad internacional.

Así avanza la revolución y la oposición en silencio sin advertir estos episodios fijando metas para el 2024, sin saber si para cuando lleguemos a ese año, ya esté pleno el Estado Socialista.

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