AGUJA POMPA

Venezuela parece se ha convertido en territorio abierto para la ilegalidad. Con ello no se pretende señalar solo a grupos ligados al poder. El crecimiento del delito pasa por revisar la situación socio económica que atraviesa el país, devenida de la crisis política que se arrastra por el desconocimiento del estamento legal por parte del oficialismo, eso es cierto, pero también por el desespero de la obtención de dinero a grandes escalas de un día para otro por sectores que ven el camino expedito para lograrlo. Eso le ha servido a las mafias del contrabando y del narcotráfico hacerse de voluntades sin valores morales y éticos, e introducirlos en el negocio ilícito, lugar de donde no podrán volver a salir.

Es desconcertante ver que las cárceles del país están llenas de jóvenes. Los anuncios de detenciones señalan que de cada tres privados de libertad, dos son jóvenes y el otro un menor de edad (ver prensa nacional). Revisar cuadros estadísticos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como la de Observatorio de Prisiones (https://oveprisiones.com), -del lado del gobierno no se consiguen cifras, o son poco creíbles-, es traumatizante. A la juventud se les está negando la posibilidad de desarrollar su potencial, y tal vez, se les arrincona y obliga a actuar en la dirección incorrecta. El tema salarial pesa enormemente al momento de revisar las condiciones de vida que tienen los venezolanos. Es bochornoso ver como se miente sobre cifras de pobreza. Recorrer las carreteras que llevan hacia la frontera con otros países y ver a cientos de personas, familias incluso con hijos en brazos, caminando para salir del país, es muestra del nivel de desespero que registran esos ciudadanos por la hambruna existente. Allí se visualiza el fracaso gubernamental del régimen.

El país necesita oxigenar estructuras de poder. Oír a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia decir que en el año judicial se lograron colocar vacunas al personal y repartir bolsas de alimentos, lleva a pensar que se entró en el terreno de lo superfluo, nada tiene que ver con la responsabilidad institucional encomendada. Así sucede con el estamento militar, descuidaron los espacios de resguardo del área fronteriza permitiendo el establecimiento de grupos irregulares en esos lugares (rurales y urbanos), llámense guerrilla o paramilitares, quienes extorsionan a los productores y ciudadanos del sector, en un acto de abierta y desafiante violación a la soberanía nacional. La desconfianza de las personas hacia la policía crece diariamente porque algunos funcionarios dañan el prestigio institucional. Ahora se denuncia a jefes en alianza con grupos irregulares para continuar con abusos. ¿Cuadrantes de seguridad ciudadana? ¿Cómo detectar al delincuente, si los hay uniformados y con armas de reglamento? La enfermedad hizo metástasis. Se leen anuncios de detenciones de alcalde, diputado y militares con rango o rasos, por narcotraficantes. 

Los delincuentes no son la mayoría de los ciudadanos. El gobierno desvió sus funciones, guardo silencio ante las denuncias, y se dedicó a encarcelar a disidentes políticos y sociales. Cerró los espacios al reclamo; apostó por el arrastrado, y quebró el respeto a la institucionalidad. Las decisiones devienen de dos o tres actores gubernamentales, que hablan incluso en nombre de otros poderes, para amenazar a quienes osen levantar la voz en contra de la vulgaridad. Ahora buscan remendar el traje con agujas pompas.

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