REVOCATORIO PRESIDENCIAL: UN CAMPO MINADO DE DIFICULTADES

Ana Uzcátegui | La Prensa Táchira.- En tiempo récord, el 17 de enero el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó tres solicitudes para que el Referendo Revocatorio (RR) contra el presidente Nicolás Maduro se realice, reconociendo a la organización civil Todos Unidos por el Referendo Revocatorio, como solicitante principal y a las organizaciones Comité Ejecutivo Nacional de Confedejuntas y Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) como adherentes, a pesar que esta última fue la primera en solicitarlo.

Hasta ahora, el Poder Electoral no ha emitido un nuevo reglamento con las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Elección Popular, pero según un hilo de tuit publicado en la cuenta @cneesvzla, estarían simplificando los pasos, porque se eliminaría la recolección del 1% de las firmas del Registro Electoral Nacional para validar a las agrupaciones ciudadanas que solicitan el Revocatorio. Lo que ahorraría cuatro meses de trámites administrativos, según indicó César Pérez Vivas, integrante de Mover.

Se necesita además que la Junta Nacional Electoral publique un cronograma para saber cuándo, dónde y cómo se van a recabar el 20% de las manifestaciones de voluntad del Registro Electoral nacional, que deben ser al menos 4.120.000 firmas para dar cumplimiento con el artículo 72 de la Constitución.

Según analistas políticos y expertos electorales, a partir de ahora Venezuela entra en un nuevo escenario de incertidumbre. 

Aunque es un CNE integrado por dos rectores de oposición y tres del oficialismo, la experiencia del referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004 contra el expresidente, Hugo Chávez, cuyo proceso se dilató por dos años, y la de 2016 cuando tribunales de primera instancia penal de siete estados del país paralizaron el RR, por señalar que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), partido político promotor había cometido fraude con las firmas en la primera etapa del proceso, reflejan que el camino es tortuoso y empinado. Es una lucha entre la falta de independencia de los poderes en Venezuela y la resistencia que tengan los ciudadanos de querer sacar a Nicolás Maduro por la vía democrática. 

Para Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, la primera dificultad que se consiguen los ciudadanos que actuarán como promotores del revocatorio en el camino es saber cuándo se publica en gaceta electoral las normas para el RR, recordando que el país carece de una Ley Orgánica de Referendos. 

"Tendría que haber una ley desde 1999 que dijera al CNE que debe cumplir las normas, que le permita guiarse, pero también que le permita a los ciudadanos saber si el CNE está cumpliendo con lo que pauta la ley. Porque lo que ha ocurrido en el pasado es que el Poder Electoral termina decidiendo en el camino reglamentos y modificación de reglamentos, convirtieron el proceso extremadamente engorroso", manifestó.

En el 2016, la expresidenta del CNE, Tibisay Lucena, impuso la recolección del 1% de las firmas del Registro Electoral regional y posterior validación, para legalizar a las organizaciones promotoras, a pesar que eso no está establecido en el artículo 72 de la Constitución. 

Posteriormente, deben anunciar las condiciones para recabar el 20% de las firmas de inscritos en el Registro Electoral como segundo paso. "Iremos a ver cómo se hace, la vez pasada (2016) hicieron unas planillas, luego se revisaron esas planillas y se dijo que un poco de firmas no eran válidas y se echaron para atrás. Entonces terminó siendo un procedimiento donde con captahuellas y puntos asignados por el CNE los integrantes del Registro Electoral que querían promover el revocatorio, tenían que ir a marcar con su huella en los puntos establecidos", contó. 

Ese procedimiento de las firmas toma tres días hábiles. Según el periodista de la fuente electoral, Eugenio Martínez, todavía el CNE no ha definido si mantiene el criterio de recoger el 20% de las firmas por estado, regionalizando el proceso, o si se hará como lo establece la Constitución para un referendo revocatorio presidencial, se debe tomar en cuenta el Registro Electoral permanente nacional. Luego de ese paso deben transcurrir 15 días hábiles para verificar firmas y huellas, y tres días hábiles adicionales para convocar el RR. 

Luego de la convocatoria, deben transcurrir 90 días continuos para realizar la elección del revocatorio. En esta tercera fase, 6.248.864 electores tienen que votar a favor de revocar a Maduro, y deben acudir al proceso de votación el 25% del Registro Electoral, es decir, 5.138.058 electores para que los resultados sean válidos. 

Si gana la opción revocar a Maduro y esos comicios se realizan este año, transcurre un plazo de 30 días para realizar una nueva elección presidencial, y aquí la oposición se encontrará con un nuevo dilema, lograr recuperar la unidad y definir un líder en ese tiempo.

Pero si las trabas en el camino que imponga el CNE se alargan, y el revocatorio se convoca después del 10 de enero de 2023, quien asumiría la presidencia hasta 2024 será el vicepresidente de la República.

"Hasta ahora nadie se sorprendería en exceso si se lograse que el RR decidiera revocar a Maduro, pero también habría un problema si se presentaran 27 candidatos, porque podría ocurrir que el oficialismo nuevamente gane, entonces no se estaría produciendo un efectivo revocatorio, sino un mecanismo para desgastarnos", manifestó Luis Lander.

Lucharán

César Pérez Vivas, miembro de Mover, dijo que a pesar que el CNE no los reconoció como organización promotora principal, no se van a amilanar.

"El CNE declaró como promotor principal a otra organización, alegando que había sellado primero en taquilla el documento de ingreso. Eso no es cierto, porque desde el 25 de mayo presentamos esa solicitud, la ratificamos dos veces en 2021 y el 10 de enero, como el CNE estaba cerrado, lo hicimos electrónicamente. Si el CNE piensa que nos vamos a retirar, a claudicar, porque nos hacen una maniobrita, se equivocan", expresó. 

José Gregorio Zaa, experto electoral de Mover en Lara, sostiene que ahora es prioridad la seguridad jurídica. "Exigimos reglas claras y que cualquier especulación que surja respecto al evento refrendario, como por ejemplo, que se elimina el 1% para recoger firmas, debe ser publicado por escrito. Uno de los principios del CNE debe ser la transparencia, celeridad, igualdad ante la ley", refirió.

Para el politólogo y director de la ONG Súmate, son muchos los riesgos que tiene toda elección en Venezuela. "En el país no existe independencia de poderes que permitan ofrecer garantías de arbitraje institucional transparente, con lo cual el camino electoral, tanto el referendo como cualquier elección, siempre va a estar plagada de incertidumbres asociadas a las garantías o condiciones electorales y a los resultados que se traduzca en el reconocimiento de la voluntad del pueblo", apuntó.

Afirma que un ejemplo reciente fueron las elecciones de Barinas, donde se desconoció el resultado electoral del 21 de noviembre y se inhabilitaron a candidatos de la MUD. 

Uno de los riesgos es que el TSJ o cualquier institución intervenga en la cancelación del RR. 

"Puede" intervenir cualquier institución para pretender confiscar el derecho a revocar a millones de ciudadanos o incluso para desconocer el resultado, esto forma parte de los lamentables riesgos de acudir a procesos de esta naturaleza en sistemas de institucionalidad comprometida", dijo.

Se busca revertir usurpación

El doctor en ciencias políticas, Luis Salamanca, considera que el RR es una herramienta constitucional que los venezolanos pueden exigir para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, que el pasado 20 de mayo de 2018 ganó unas elecciones que no cumplieron con los estándares democráticos internacionales. 

"Convocar el revocatorio no legitima la presidencia espuria de Maduro, todo lo contrario, lo pone de bulto, lo que busca es precisamente que al cesar la usurpación se produzca una genuina expresión democrática. Tenemos que entender que estamos metidos en una neodictadura. En una dictadura atípica que permite cierto juego democrático, no porque ella quiera, sino porque no puede desaparecer a la sociedad democrática", dijo. 

Afirmó que el revocatorio se podrá cumplir, dependiendo de las normas que plantee el CNE. "Tibisay Lucena hizo el proceso engorroso, tardío y tramposísimo en 2016", alegó.

De aprobarse el revocatorio, la oposición debe lograr vencer los niveles de abstención tan grandes que ha habido en los últimos comicios en el país.

Puede ser trampa cazabobos 

Para el político opositor, Enrique Ocho Antich, el RR es un derecho, pero no una obligación. Sostiene que hasta que en Venezuela no se garantice la separación de poderes, el camino del revocatorio es inviable.

"El Gobierno abusa porque tiene el control de todos los Poderes Públicos. Es muy improbable que estos poderes no entorpezcan la convocatoria de un revocatorio: ralentizando los procesos pautados en el reglamento, o con una sentencia judicial que anule una determinada cantidad de firmas. Yo les he dicho a los promotores del revocatorio que si no se logra negociar que la recolección de firmas sea con asistencia del CNE y usando las captahuellas, de modo que esa recolección esté blindada, activar un revocatorio puede ser caer en una trampa cazabobos", señaló. Cree que la oposición tiene muchas cosas que resolver antes de un revocatorio, como definir un candidato presidencial mediante primarias, organizar a la sociedad civil y negociar el levantamiento de las sanciones.

Oposición esta entrampada 

"El RR está diseñado para que no se dé porque son tantos los vericuetos que se piden, que prácticamente es imposible", opinó el politólogo, Germán Aponte.

Recordó que en el año 2002, los venezolanos iniciaron el camino para un revocatorio contra Hugo Chávez, donde intervino la OEA y hasta el Centro Carter en una mesa de negociación, pero el expresidente promovió las misiones sociales, el proceso para lograr el revocatorio tardó dos años y luego de eso Chávez logró ganar con holgura esas elecciones. 

"Aquí no hay Estado de derecho, el Gobierno se va a volar todas las normas y el mejor ejemplo es todo lo que hizo con una gobernación como Barinas, que mucho más allá del simbolismo representa un estado de los 23 del país, si inhabilitó y desconoció resultados, qué no podrá hacer cuando esté en juego el poder central. No creo que Nicolás Maduro y su cúpula entreguen el poder tan fácil", considera Germán Aponte.

Sostiene que una de las cosas que tiene que evaluar la oposición es que debe tener un líder que sea el posible candidato si Nicolás Maduro llega a perder el RR, y eso lo debe hacer en un tiempo aproximado de seis meses. Algo difícil de cumplir con las divisiones que existen en la oposición.

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