Después de 27 meses se logró justicia para Rufo Chacón

Anggy Murillo | La Prensa del Táchira.- Luego de un largo trayecto, de constantes trabas y hasta amenazas recibidas hacia el equipo de abogados del Foro Penal Venezolano que llevaba el caso, y hacia los familiares de Rufo Chacón, el pasado 4 de octubre el Ministerio Público anunció la condena para Javier Useche Blanco y Henry José Ramírez Hernández, funcionarios de la Policía del Táchira, que haciendo uso indebido de sus armas de reglamento dispararon contra la humanidad del joven y lo dejaron ciego.

El proceso estuvo paralizado durante más de un año, además se efectuaron 29 audiencias de juicio, donde se presentaron las declaraciones de 48 personas, entre expertos, víctimas y testigos; sin embargo, desde el Foro Penal explican que aún hace falta la judicialización de la cadena de mando.

"Escuchar declarar a funcionarios que dicen que el uso diferenciado o progresivo de la fuerza pública no se usa en protestas da una sensación de escalofríos. Ordenar a funcionarios armados que una protesta debe liquidarse para abrir paso a un ministro como sea, es algo inadmisible, lleno de crueldad y desprecio a la humanidad", denunció Raquel Sánchez a través de su cuenta de Twitter.

Los efectivos fueron procesados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles con alevosía en grado de frustración, trato cruel y uso indebido de arma orgánica.

Useche fungía como director de Orden Público del organismo y debe pasar 27 años y 9 meses en prisión. Entre tanto, a Ramírez, exsupervisor jefe auxiliar de Servicios Generales, se le condenó a 21 años y 5 meses, por cooperador inmediato.

Desde el Observatorio Venezolano a la justicia, señalan que el caso de Rufo Chacón deja en evidencia la falta de capacitación a los funcionarios en el área de orden público y el control de manifestaciones pacíficas y denuncian que sólo entienden el uso de la fuerza desmedida. "El joven fue víctima de esas actuaciones que atentan contra los derechos humanos".

Explican que aunque con la sentencia no devolverán la vista a la víctima, sin duda es un acto de justicia que debería ser complementada con la necesaria indemnización por parte del Estado venezolano para él y su familia. "Esperamos no lo hagan pasar por un calvario judicial para obtenerla", ratifican.

Persecución

Desde el primer día que inició el juicio a los funcionarios de Politáchira, el equipo de abogados y la familia de Rufo sufrieron persecuciones, la abogada Raiza Ramírez explica que en el primer llamado a los testigos, acudieron 20 efectivos del organismo, quienes intentaron ingresar al mismo tiempo a la audiencia; sin embargo, la juez que llevaba el caso se los impidió porque va contra las leyes.

"Luego llegaron de civil, pero al finalizar las audiencias nos perseguían hasta las oficinas o a las casas. Además, en todas sus declaraciones mintieron de una manera descarada. El último día del juicio nos gritaban y nos ofendían", dijo.

Atropellos

Posterior a estos hechos, el joven y su familia han sido blanco constante de amenazas y acusaciones sin fundamento, tal y como ocurrió el pasado 30 de mayo de 2021, cuando funcionarios del Cicpc ingresaron a su vivienda y se lo llevaron detenido junto con su hermano, alegando que habían sido denunciados por formar parte de una banda que se dedicaba al hurto de motocicletas en Cárdenas.

Tras los reclamos de su madre, los funcionarios no tuvieron otra opción que pedir disculpas, pues no hubo forma de que explicaran cómo una persona que está ciega puede manejar una moto y dedicarse al hurto. 

Por esta situación, la Fiscalía 20 del MP está procesando a los efectivos tras procedimiento realizado.

Para poder subsistir, el joven Rufo y su familia consiguieron instalar un kiosco donde vendían alimentos, pero la Alcaldía de Cárdenas, jurisdicción en la que residen, ejecutó una resolución mediante la cual ordenaba el cierre de establecimientos informales, entre esos el suyo.

Sobre el caso

Durante la operación, los médicos extraen ocho perdigones con fragmentos de vidrio del ojo derecho y cinco perdigones del ojo izquierdo, además presentó 52 quemaduras en la región facial que no pudieron ser extraídas de inmediato debido a la profundidad de las mismas.

En el sitio del suceso, funcionarios del CICPC recolectaron dos cartuchos marca Cheditte calibre 12, un testigo del hecho entregó dos más, para un total de 14.

Rufo intentaba rescatar a su hermano del piso, en vez de disparar al aire u ordenar que lanzaran bombas lacrimógenas ante la cercanía del joven, el funcionario policial realizó un disparo a próximo contacto de la víctima con su escopeta calibre 12.

El uso de las armas de reglamento tiene como fin único hacerlo en legítima defensa o en defensa del orden público.

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