Opacidad y hermetismo marcan las megaelecciones del 21-n

Ana Uzcátegui | La Prensa del Táchira.- Un cúmulo de irregularidades en el proceso electoral del 21 de noviembre que viola la normativa legal, han sido detectadas por expertos electorales y por la organización de defensa de los derechos políticos Súmate, que afectan la confianza del electorado.

Entre esas irregularidades, destacan la modificación de los lapsos del cronograma electoral, que no pueden ser cambiados seis meses antes a una elección, o la mora que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) para publicar el nombre de los 70.244 postulados a los cargos de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales, a pesar que hace cinco días culminó el lapso de modificaciones y sustituciones de candidaturas.

"El lapso de sustitución de candidaturas finalizaba, según el cronograma el 22 de septiembre, pero dieron una prórroga hasta el viernes 24. Al final, el sistema permaneció abierto hasta el domingo 26 de ese mes y no lo hicieron oficial. Esto no ocurrió para el lapso de la jornada especial del proceso de inscripción y modificación del Registro Electoral (RE), donde el CNE dio sólo 45 días, y a pesar que le solicitamos a través de una carta extenderlo por 15 días más, no dieron prórroga. Es decir, el Poder Electoral favoreció a las organizaciones políticas y no al elector. Hay un sesgo, tal como ocurrió en las Parlamentarias del 6 de diciembre de 2020", expresó Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría Electoral de Súmate.

En un informe publicado por esta organización, se detalla que en Venezuela se dejaron de inscribir 3 millones de ciudadanos mayores de 18 años, y tan sólo resultaron inscritos 431.122 nuevos electores, por la poca cantidad de puntos distribuidos en el territorio (783 en total). La dificultad de movilidad durante las semanas radicales de cuarentena, y la poca difusión que tuvo el evento también influyeron en que sólo se inscribiera el 25% de la población, que debió ser habilitada para votar.

Sánchez, también destacó que una elección donde se escogen las autoridades más cercanas al ciudadano, las postulaciones de candidatos se centralizaron en Caracas por la Junta Nacional Electoral. A la fecha se desconocen las funciones que están cumpliendo las juntas regionales y municipales electorales de cada estado.

"Lamentablemente, la Junta Nacional absorbió competencias que son de la Junta Regional y Municipal, que son quienes deben recibir las postulaciones y publicar las resoluciones para que los ciudadanos estén enterados de sus candidatos. Como el proceso se hizo automatizado, todo lo están canalizando en Caracas. Hay zonas, como el municipio Sucre, del estado Miranda, donde la Junta Regional no está funcionando como tal o funciona en la misma sede del CNE. Una de las cosas que establece la Constitución es la despartidización de estos órganos que componen el Poder Electoral, por lo que se supone que las personas que las integren debieron ser personas de la sociedad civil seleccionadas por el CNE, que estén en capacidad de asumir esas responsabilidades", exclamó Sánchez.

José Gregorio Zaa, abogado y experto electoral, sostiene que en Lara, las junta regional y la municipal de Iribarren funcionan en la misma sede de la Oficina Regional Electoral. "Como estas juntas se han manejado con tanta opacidad y han sido centralizadas, le han imposibilitado a los ciudadanos conocer quiénes son sus candidatos, incluso esta situación afectó el proceso de impugnación de postulados, que no se dio", alegó.

Nélida Sánchez sostiene que la norma electoral establece que cada candidato debe presentar su plan de gobierno ante el CNE al momento de ser postulado. "Dentro de las irregularidades de este proceso, está el hecho de que el plan de gobierno anteriormente era para cada candidato, pero para este proceso se presentó un plan de gobierno por organización política. Iribarren no tiene las mismas necesidades que Morán o Torres, son situaciones que no pueden ser igual, pero se presentó un plan de gobierno macro", enfatizó.

Inhabilitados

Súmate, también indicó que a la fecha el CNE nunca dio solución a organizaciones políticas como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia que se mantienen bajo directivas ad hoc, porque no se permitieron elecciones internas para elegir a sus autoridades. "Aplaudimos que el CNE permitió que organizaciones como Convergencia, la MUD y Min Unidad, pudieran postularse, pero hasta ahora el Poder Electoral no ha emitido ningún tipo de acto administrativo y de curso legal que explique por qué fueron sancionadas en años anteriores", dijo.

Igualmente reclaman el hecho que dirigentes políticos, como Richard Mardo, quien aspiraba ser candidato de la Gobernación de Aragua; Daniel Ceballos a la Gobernación de Táchira; Liborio Guarulla a la Gobernación de Amazonas; Eduardo Samán, del Partido Comunista de Venezuela, quien pretendía ser candidato de la Alcaldía del municipio Libertador y Leocénis García de Prociudadanos, quien también aspiraba a la Alcaldía de Caracas, se mantengan inhabilitados para ejercer funciones públicas, y a otros dirigentes que estaban en el exilio, también inhabilitados por la Contraloría General de la República o el TSJ sí se les permitió postularse.

"Entonces, todo este tema se ha manejado con discrecionalidad, que no está en función realmente de lo que es el proceso y queda en evidencia que no existe transparencia electoral. Hasta ahora, la Contraloría General de la República no se ha pronunciado por estos casos ni el TSJ ni el Poder Moral", expresó.

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