CONTROL SOCIAL SOMETE POR EL ESTÓMAGO A LOS MÁS VULNERABLES

Ana Uzcátegui | La Prensa del Táchira.- En comunidades de la parroquia Ana Soto del municipio Iribarren, donde reina el desempleo y sus habitantes se encuentran en la extrema pobreza, el miedo de no recibir una bolsa de alimentos CLAP, una bombona de 10 kilos de gas o los bonos vía carnet de la Patria, impiden que su habitantes alcen su voz de protesta contra las malas políticas del Gobierno venezolano.

Analistas y defensores de derechos humanos, sostienen que cada vez que se acerca una elección la extorsión, el chantaje y las amenazas son la línea aplicada por la maquinaria del PSUV en las comunidades de Barquisimeto. La estructura oficialista está conformada por jefes de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), jefes de calles, líder de comunidades, consejos comunales, comunas, Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), manzaneras e incluso grupos civiles armados denominados colectivos.

María, nombre ficticio que dio una líder de la comunidad del sector Prados de Occidente al oeste, por temor a represalias, indicó que en la zona la bolsa del CLAP no falla. Les llega cada mes y a un precio de un millón 700 mil bolívares. "Trae 12 productos en total, cuatro harinas, cuatro pastas, dos sardinas, 200 gramos de leche en polvo y un kilo de frijol chino. El problema que tenemos es con el gas, que lo envían cada cinco meses, y el agua una vez a la semana y con poca fuerza", relató la mujer inscrita en el partido revolucionario.

"Antes cuando se acercaban las elecciones, el Gobierno entregaba más beneficios, la bolsa estaba más resuelta porque traía más beneficios", apuntó quien dice que estira la cantidad de alimentos CLAP que recibe para que le dure 10 días, y así poder comer ella, su esposo y su hija. Asegura que problemas primordiales que tiene la comunidad no han sido atendidos por ningún Gobierno desde hace 30 años, como el asfaltado de las calles. Quienes habitan en esta barriada deben transitar por caminos de tierra, que se convierten en un lodazal cuando llueve.

"Los más afectados por el control que aplica la maquinaria chavista son las comunidades de los estratos sociales C, D y E, donde hay familias que no tienen el poder adquisitivo para pagar los servicios que no garantiza el Estado, como pagar por un camión cisterna para que llenen un tanque de agua, o comprar a sobreprecio una bombona de gas para no cocinar a leña, o simplemente se quedaron sin empleo en plena pandemia y no tienen cómo alimentarse", expresó Marisol Bustamante, politóloga y coordinadora de la ONG Transparencia Ciudadana.

Alega que el Gobierno recurre a mecanismos extremos de amenaza en las comunidades, porque las ayudas sociales que ha otorgado a lo largo de 22 años ahora ya no satisfacen las necesidades de los ciudadanos. "Los programas de subsidio se han ido a menos, las sanciones internacionales de Estados Unidos han tenido su efecto porque representan una tremenda carga social en el presupuesto nacional", comentó. Sostiene que esa realidad financiera que ahora enfrenta el Ejecutivo Nacional, con una industria petrolera en decadencia, ha hecho que para un venezolano un bono de ocho millones de bolívares ($2,1), sea insignificante.

"Hay lugares en Iribarren, como el macrosector El Tostao, donde ha habido confrontación entre varias ciudadanas de las UBCh que son nombradas por el PSUV y que son las encargadas de aplicar el plan de amenaza o chantaje cambiando comida a cambio de silencio, de decir te va a llegar el bono, pero no protestes, o si denuncias que la comida de la caja CLAP te vino dañada te marcan y no te la entregan más. Las amenazas llegan hasta dañar la integridad física de las personas a través de los colectivos armados. Eso ha ocurrido en los barrios La Paz y Cerritos Blancos, donde incluso algunos concejales del municipio Iribarren son quienes coordinan a esos grupos armados irregulares", resaltó Bustamante.

El padre Alfonso Maldonado, coordinador de la Vicaria de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, indicó que el Gobierno aplica un sistema de dominación imitando las políticas aplicadas en Cuba, donde por 60 años se ha entregado una libreta de racionamiento para regular la entrega de alimentos.

"Se trata de un mecanismo que no es espontáneo, y para mí eso es muy grave porque debe ser denunciado por los defensores de derechos humanos. En las zonas más pobres llegan a utilizar a presuntos colectivos para aterrorizar a la población sin involucrar a los cuerpos de seguridad del Estado y así el régimen puede lavarse las manos, diciendo que los enfrentamientos que se registren en un lugar se dan por la misma anarquía de las comunidades. Son políticas de dominación", manifestó Bustamante.

Más totalitario

Jesús "Chúo" Torrealba, periodista y dirigente político, sostiene que desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela comenzó a construirse una hegemonía que inició con la economía, posteriormente con los poderes públicos, y ahora buscan consolidar un proyecto de corte totalitario en las comunidades.

"La expresión control social es demasiado laxa (floja). Toda sociedad debe establecer límites, controles, eso es normal, y lo ejerce a través de mecanismos lícitos y socialmente aceptados, como la educación para promover unos valores, y la administración de justicia para establecer sanciones a quienes los transgreden. Pero la cosa pasa a mayores cuando estamos hablando de extorsión, presión, chantaje, son palabras mayores y a eso nos referimos cuando se habla del uso de los programas sociales como instrumento para omitir algunas conductas o para promover otras. Es decir, para lograr acallar la rebelión o para inducir a la participación de los individuos en actos proselitistas del partido de Gobierno", exclamó Torrealba.

Big data de control

A su criterio, el Gobierno incurre en una conducta delictual entre pocos que ejercen el poder versus muchos ciudadanos sin poder. "Los muchos sin poder tenemos cada vez menos acceso a las tecnologías, incluso a las comodidades tecnológicas que eran comunes hasta hace poco. Quien cocinaba con gas ahora lo hace en leña, quien tenía agua por tubería ahora tiene que buscar agua en la calle, quien tenía teléfono inteligente ahora tiene un perolito porque se lo robaron, quien tenía acceso a televisión por cable lo vio limitado porque debe elegir entre pagar el cable o comer. Los pocos con poder tienen acceso de tecnología de punta y la usan. No solamente tienen recursos, sino que además lo hacen con apoyo de las modernas tecnologías de información", expresó el dirigente Torrealba.

Se refirió al carnet de la Patria, como una Big data que utiliza el Gobierno para vigilar a los ciudadanos. "El Estado utiliza la información de los ciudadanos, y cruza esa información para ejercer una mayor vigilancia sobre grupos sociales. El carnet de la Patria no es un pedacito de plástico, no es simplemente un listado, es una big data, una de las más importantes del continente donde obtiene información económica, policial de los ciudadanos, y con eso en la mano el Gobierno hace uso y abuso del poder", refirió.

Sostiene que en tiempos electorales esta herramienta de control le permite al Gobierno tomar decisiones sobre dónde enviar mayor número de cajas CLAP para captar electores. "Ellos llegan a colocar más alimentos subsidiados donde consideran que el voto del sector opositor es blando. Entonces le quitan el beneficio de la caja CLAP a los sectores más empobrecidos, así sean chavistas. Por esa vía pudieran permear". Ese tipo de cosas las hacen con el uso malévolo de la información", explicó.

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