Cierre de frontera: 6 años del auge de las actividades ilícitas

Anggy Murillo | La Prensa del Táchira.- Este 19 de agosto se cumplen seis años desde que el Gobierno Nacional en 2015, ordenó el cierre vehicular y peatonal de la frontera, luego de un supuesto atentado el día 15 del mismo mes, contra funcionarios que realizaban operativos anti contrabando, cuando la gobernación estaba al mando de José Vielma Mora. Semanas posteriores, a través de las "Operaciones de Liberación al Pueblo" se deportaron a cerca de 20.000 colombianos que estaban ilegalmente en el país y se denunció la separación de familias.

Seis meses después, el 6 de febrero de 2016, tras varios acuerdos binacionales se autoriza el tránsito de vehículos de carga pesada vacíos que habían quedado de ambos lados de la frontera. Para el día 13 del mismo mes se permitió el paso peatonal por los puentes binacionales. El primer día se movilizaron unas 25.000 personas. Posteriormente el 24 de septiembre, el Gobierno venezolano junto con Colombia abren el paso para camiones de carga con mercancía. 

El cruce a pie de ciudadanos durante el día por los Puentes Internacionales se mantuvo hasta el 22 de febrero de 2019, día en el que la oposición venezolana intentó ingresar la ayuda humanitaria. 

En ese momento el presidente Nicolás Maduro denunció que las acciones buscaban violar la soberanía venezolana. El paso peatonal se volvió a abrir el 8 de junio del mismo año y se cerró con la llegada de la pandemia por el coronavirus cuando Colombia decide cerrar sus fronteras para evitar la proliferación de casos. Actualmente solo se permite el paso de casos humanitarios.

Luego de todos estos vaivenes , diferentes actores políticos de la oposición denunciaron constantemente el incremento de actividades que años atrás se consideraban ilícitas y ahora son cotidianas, especialmente para los habitantes de los municipios fronterizos. 

Karim Vera, diputada de la Asamblea Nacional (2015-2020) explica que el contrabando siempre ha sido un negocio rentable en el eje fronterizo, pero se ensanchó luego de prohibir el paso a través de los puentes, pues el ingreso y salida de mercancías por las trochas generan un enorme capital a quienes controlan estos territorios y para afectos al Gobierno Nacional.

Denunció que a través de la figura del protectorado se emiten códigos y autorizaciones para el transporte de mercancías desde la frontera, sin que se sepa por dónde están ingresando.

"Estos códigos son privilegios de unos pocos, dándole formalidad al uso de pasos irregulares y a la legalización del contrabando a través de las trochas. ¿Quiénes encabezan estas mafias? ¿A dónde van los recursos que generan estas actividades? ¿Quiénes los administran y por qué son beneficiados? Es allí cuando uno entiende por qué está la frontera cerrada, evitan su reactivación porque los intereses individuales y de las mafias están por encima del interés de la población", denunció Vera.

Por su parte, Carlos Chacón, exconcejal del municipio Bolívar, dijo que permitir el ingreso de estos vehículos con mercancía genera pérdidas al tesoro nacional. "El cierre de frontera le conviene al gobierno, el dinero que debería llegar al tesoro de la nación, se está desviando a los bolsillos de particulares porque en la calle no se ven, no se sabe a las arcas de quién están llegando esos recursos", denunció.

Explicó que cada gandola que ingresa con mercancía, se valora entre 15 y 20 mil dólares, al efectuarse la nacionalización por la aduana, se debe cancelar IVA, servicio aduanero y el derecho de importación. "Si esa gandola es de 20 mil dólares, estamos hablando de 4 mil dólares que ingresarían a la Nación. En cuanto a lo local, ganaría la agencia de aduana, el transporte de carga internacional y nacional, el almacén general de depósito. Estamos dejando de percibir tanto, por tener esa frontera cerrada y darle cabida a la ilegalidad".

Negocio de la GNB

Funcionarios militares presuntamente son beneficiados por negocios ilícitos, según denuncia un joven que intentó trabajar transportando en silla de ruedas a los pacientes que usan el canal humanitario del Puente Simón Bolívar, para poder hacerlo debía ser incluido en una cooperativa creada por este cuerpo de seguridad y cancelar cinco mil pesos diarios para que se le permita realizar la labor.

En esta cooperativa están inscritos al menos 30 jóvenes que hacen un promedio de 8 o 10 viajes diarios con pacientes hacia La Parada, en el lado colombiano, si cada uno de ellos debe pagar cinco mil pesos, serían 150.000 pesos diarios que deben llegar a manos de la Guardia Nacional Bolivariana. "Para poder trabajar hay que alinearse, a veces también les piden que si un agua o un refresco. Si uno no está inscrito ahí no puede trabajar".

Caída comercial

Según la Cámara de Comercio e Industrias de San Antonio del Táchira, para el año 2015, habían 347 empresas afiliadas, el 60% eran del área comercial y el 40% industrial. Luego de seis años solo existen 100; 80% comercios y 20% industrias.

Desde la redoma del cementerio hacia el Puente Simón Bolívar, existían unos 100 establecimientos de ventas de ropa provenientes de las fábricas textiles que hacían vida en el eje fronterizo. Actualmente solo abren sus puertas entre 30 y 40, el restante de la cifra cayó en quiebra.

En Pedro María Ureña, de las 40 empresas de fabricación de calzado, hoy solo se mantienen en pie 5 por las dificultades para trasladar materia prima e insumos. Mónica Ochoa, presidente de la Cámara de Industria y Comercio, aseguró que los dueños trabajan con las uñas para poder sobrevivir.

"Traer un contenedor desde cualquier parte hacia Venezuela y específicamente a Ureña, es muy caro, ya que debe ingresar al país por Paraguachón-Guarero. El trámite y los servicios aduaneros y de transporte se encarecen. Eso incrementa el costo del producto y hace que se pierda la competitividad a nivel nacional", dijo.

Al consultar a los dueños o encargados de los pocos establecimientos que están abiertos, todos coinciden en que el cierre solo ha llevado al decaimiento de la actividad comercial, pues al no haber flujo de personas por los pasos legales, las ventas son escasas y muchos de ellos, deben recurrir al contrabando de extracción para poder mantenerse.

Andrea Salazar tiene un local de artesanías en las calles adyacentes a la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, comentó que su negocio se mantiene en pie porque envían mercancía hacia Colombia a través de los pasos ilegales. 

Diariamente despachan hasta seis bultos con distintos artículos, en la trocha donde cancelan cinco mil pesos y otros 10 mil para la persona que contratan para realizar el traslado.

Atropellos y abuso de autoridad

Durante la visita del equipo reporteril hacia la zona de frontera, se pudieron evidenciar los atropellos y el abuso de autoridad por parte de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, identificado como J. Rodríguez, sargento de tercera, quien se encontraba en la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.

J.Rodrguez sacó a empujones a un joven que trataba de caminar hacia el paso internacional con una bebida que, aparentemente, iba a ser entregada a un familiar.

Luego de una discusión con otro hombre que estaba en el área, lo persiguió y le propinó dos puntapié en la espalda, logrando arañarle la pantorilla, al ser consultado, el joven comentó que esa situación se ha vuelto constante en esta zona de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Se viola acuerdo binacional

ovilidad a través de los puentes Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, Francisco de Paula Santander en Ureña y el Puente Unión en García de Hevia, constituyen una violación al acuerdo binacional firmado el 24 de julio de 1927 por el presidente venezolano Juan Vicente Gómez y su par colombiano, Miguel Abadía Méndez.

"Allí se firmó un acuerdo a perpetuidad, el cual establece que esos puentes no pueden ser cerrados desde ningún punto de vista, ni siquiera cobrar peaje. Alguna vez los colombianos intentaron cobrar peaje y Venezuela invocó ese acuerdo, por cierto, para que los colombianos desmontaran los peajes que tenían en La Parada", dijo Feijoo Colomine, analista de asuntos fronterizos.

Destacó además que el acuerdo, firmado durante la inauguración del Puente Simón Bolívar, indica que este paso nunca debe cerrarse, ni cuando exista una situación de conflicto como la que hay actualmente entre Nicolás Maduro e Iván Duque, pues según explica, la beligerancia no es entre los pueblos sino en los políticos que dirigen ambas naciones.

"Es responsabilidad de ambos países, porque cuando no la ha cerrado Venezuela, la ha cerrado Colombia violando el acuerdo y violando los intereses de ambos pueblos. No tienen por qué caerle a golpes al pueblo, porque el pueblo no tiene responsabilidad política con los problemas que hay entre los mandatarios de ambas naciones", puntualizó.

Explicó que el cierre no ha servido para nada, pues los pueblos fronterizos han perdido completamente su economía por la mercancía que ha dejado de circular hacia ambos lados. "El puente es vital para la economía complementaria, tanto para Colombia como para Venezuela. Cuando la economía de uno de los dos países se ve afectada, se tiene que recostar al otro para poder levantarse".

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