Comando especial para migrantes en Bogotá promueve xenofobia 

Redacción | La Prensa del Táchira.- Luego de que este miércoles la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunciaran la creación de un comando especial contra estructuras criminales compuestas por inmigrantes, expertos en la materia han expresado su preocupación al considerar que la medida promueve la xenofobia y puede acarrear consecuencias en los ciudadanos extranjeros que residen en la capital de Colombia.

De acuerdo con un análisis difundido por el Proyecto Migración Venezuela auspiciado por Semana, la decisión podría tener más efectos negativos que positivos respecto al tema de la seguridad y el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía extranjera.

En el texto, la directora del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes en Colombia, Carolina Moreno,"esta medida envía un mensaje de asociación muy perversa entre el hecho de ser extranjero y la comisión de delitos, lo cual es un camino expedito para la xenofobia y distintas formas de discriminación".

Casos como la persecución en la Alemania nazi contra los judíos, los negros, los gitanos y ciudadanos de nacionalidades extranjeras por el simple hecho de serlo, así como el caso de la política de "Stop-and-frisk" en Nueva York, que le dio facultades a la Policía para detener a ciudadanos "sospechosos" y requisarlos, son ejemplos claros de persecución y discriminación hacia ciudadanos extranjeros, según cita el artículo de análisis.

En tal sentido, señala que también los ciudadanos colombianos "han sido víctimas de este tipo de políticas en el extranjero", tales como detenciones arbitrarias y señalamientos en diversas partes del mundo que se registraron luego de haberse ubicado el país como el principal exportador de cocaína a nivel mundial.

"No deberíamos tener estructuras especializadas para combatir el crimen de ciertas personas sino una política de seguridad general que busque garantizar los derechos y la seguridad de todas las personas", manifestó Lucía Ramírez, coordinadora de investigaciones sobre migración en Dejusticia.

Podría violar convenios internacionales 

 

Ramírez hace referencia a los 59 ciudadanos venezolanos que fueron expulsados en el marco del Paro Nacional del 2019 por razones de seguridad nacional sin que se llevara a cabo de un análisis individualizado de sus casos, se probara su participación en delitos y se respetara su derecho al debido proceso.

"Nos preocupa que esta medida institucionalice aún más estas prácticas que vulneran los derechos humanos", explica Ramírez, quien además enciende las alarmas sobre la posible militarización del control migratorio que podría implicar la violación de convenios internacionales.

El anuncio desconoce las realidades

El anuncio de la alcaldesa López, además, desconoce varias realidades del fenómeno migratorio al determinar la legalidad de un ciudadano extranjero en la medida en que cuente con un permiso de permanencia en el país.

"Los criminales no van a venir a registrarse, eso es obvio, pero una vez tengamos esa identificación (por medio del documento de identificación) cualquier ciudadano en una labor de inspección que haga nuestra policía y que esté sin identificar vamos a hacer forzosamente su identificación y tomar dos tipos de medidas, o su expulsión del país por estar involucrados en actividades que atentan contra la convivencia o judicialización ante la fiscalía", aseguró el miércoles la mandataria.

Esto, sin embargo, desconoce que el proceso de regularización masiva de los venezolanos que se adelanta con el Estatuto Temporal de Protección implementado por el Gobierno nacional tardará varios meses en completarse. 

Además, ignora que los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país por pasos informales después del 31 de enero no pondrán acceder al Estatuto, por lo que esta política estaría criminalizándolos de entrada.

La medida de la alcaldesa y el gobierno nacional ha caído tan mal, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció con preocupación. 

"La CIDH reitera que mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados", dijo a través de su cuenta de Twitter.

Efecto sobre la criminalidad

César Restrepo, experto en temas de seguridad de ProBogotá, asegura que pensar en el crimen de una sola nacionalidad hace perder el foco de atacar el crimen en su integralidad. La consecuencia, por obvias razones, es que no soluciona el problema de raíz.

"No importa si es chileno o colombiano, lo que se necesita es sacar al criminal del circuito. Lo otro es que proporcionalmente los ciudadanos extranjeros en Colombia no representan a la mayoría de la población nacional. Si se van todos los venezolanos que están en el país, el crimen no va a desaparecer", dice Restrepo, quien considera que se debe identificar al sistema criminal y golpearlo.

Por su parte, Janiel Melamed, coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, cuestiona la actitud de la alcaldesa cada vez que hay alteraciones en el orden público.

"Se volvió una fórmula recurrente hacer referencia a una incidencia con los migrantes y esto es muy riesgoso", dice el experto, quien insiste en que la narrativa de que los migrantes son los responsables de los incrementos de índices de violencia y criminalidad no se compagina con la realidad, según las estadísticas de la Policía Nacional.

https://laprensatachira.com/nota/21157/2021/08/policia-investiga-amenaza-de-bomba-cerca-al-capitolio 

"Este anuncio terminará focalizando la atención de los objetivos de seguridad sobre una población que realmente tiene una baja incidencia en el porcentaje de crimen común y crimen organizado. Que por supuesto hay venezolanos que cometen crímenes, pero esto no quiere decir que tengan el mayor porcentaje de la comisión de delitos comunes o de crimen organizado en el país", dice Melamed, quien insiste en que la gestión migratoria no debe abordarse desde un enfoque de seguridad sino de inclusión social.

Los otros cuestionamientos que surgen del anuncio tienen qué ver con las labores que adelantará Migración Colombia en este comando integrado por la Policía, la Alcaldía y la autoridad migratoria. Expulsar o deportar a los migrantes han demostrado ser medidas poco efectivas pues con una frontera de más de 2.000 kilómetros es imposible tener institucionalidad que evite que los migrantes ingresen nuevamente al país a través de pasos informales.

El anuncio, a todas luces, ha caído mal y ha desatado una ola de críticas por la xenofobia que esconde una medida de esta naturaleza. Como dicen fuentes de cooperación internacional que prefieren no ser citadas, Colombia podría perder apoyos fundamentales de la comunidad internacional si sigue adelante con este tipo de iniciativas. 

Y en un momento en que se necesitan recursos para atender la crisis migratoria, ni Bogotá ni el Gobierno nacional deberían estar jugando con un fuego que podría evaporarles la ya limitada ayuda que reciben por parte de los donantes.

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