Migrantes se exponen al abuso de autoridad y la "sextorsión"

Anggy Murillo | La Prensa del Táchira.- El abuso de autoridad y la sextorsión, son unos de los principales delitos a los que están expuestos los migrantes venezolanos cuando inician sus recorridos por Venezuela a los países de destino.

Así lo informó Mauricio Pernía, director de Transparencia Venezuela, quien explicó que a estos delitos se les suma la extorsión, el soborno, el tráfico de influencias y la solicitud indebida del pago en divisas para realizar trámites por documentos de identidad.

"La exposición a tratos crueles, inhumanos y degradantes extorsión y sextorsión que es la categoría de estudio, ahora que se triplicó el intercambio de actos sexuales para poder obtener un derecho, recibir un servicio o alguna necesidad del Estado", explicó Pernía.

Añadió que las condiciones en las que están emigrando los venezolanos los exponen a un sinnúmero de delitos en las carreteras del país. "Se debe añadir el abuso y la explotación de la que mayormente son víctimas las mujeres que emprenden las rutas migratorias. Vemos como la corrupción incide directamente en las mujeres migrantes", dijo.

Destacó que todos estos riesgos se presentan cuando existe una vulnerabilidad de los sistemas y los marcos regulatorios de los países, lo que ayuda a que se presenten actos ilícitos. "Esto no solo parte de la debilidad de las personas, sino de las malas prácticas gubernamentales".

De acuerdo con la continuación de un estudio del año 2019 y efectuado por Transparencia Venezuela, en conjunto con asociaciones civiles y organizaciones de otros países se detectaron 12 tipos de riesgos que surgen al conjugar la inmigración, la corrupción y el Covid-19.

Entre ellos se encuentra la solicitud de dinero, bienes o actos de naturaleza sexual por parte de representantes de los cuerpos de seguridad del estado venezolano; el cobro de dinero, extorsión o amenazas en los puntos de atención social e integral en la frontera, "allá había mucha presión sobre ellos para no declarar para no informar lo que estaba pasando".

El pago a terceros que es permitido por funcionarios venezolanos para el paso por las trochas de la frontera; el tráfico ilícito de migrantes con el propósito especial de permitir el paso de mujeres en estado de gravidez para luego poder vender los niños.

El cobro de dinero por parte de los cuerpos de seguridad para poder acceder a las pruebas de Covid-19; la petición de dinero por parte d los cuerpos de seguridad en las alcabalas para poder llegar a la frontera.

El surgimiento de paquetes de viaje que promocionan para salir o ingresar a Venezuela por los pasos fronterizos sin cumplir con la cuarentena obligatoria.

El hecho de que Colombia y Venezuela no se pongan de acuerdo para abrir o cerrar la frontera y poder evitar la proliferación de esos actos de corrupción; el conflicto armado; el pago a funcionarios del Saime para la obtención de cédulas, prórrogas o pasaportes, además de la trata de personas.

Entre las recomendaciones que hace Transparencia Venezuela para frenar la corrupción que existe en cuanto a la migración, destacó que en primer lugar, el Estado venezolano debe recibir a todos los migrantes que deseen retornar al país sin que se establezca un límite de personas que pueden cruzar a diario.

"Los países de destino o de tránsito también deben implementar proyectos que aborden las necesidades migratorias específicas, con enfoque de género, que tengan en cuenta la protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes y los riesgos de corrupción existentes", sugirió Pernía.

Otra de las recomendaciones a estos países es que se permita el acceso a las mujeres migrantes a los sistemas de justicia mediante el fortalecimiento de instancias, organismos y rutas a las que puedan acudir a efectuar denuncias por corrupción o por sextorsión.

Destacó que es importante que exista la capacitación de los funcionarios que tienen competencia en atención a migrantes con énfasis en las condiciones de vulnerabilidad, particularmente de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes para evitar que sean víctimas de discriminación.

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