Víctimas de represión en Venezuela claman justicia ante la CPI

Ana Uzcátegui | La Prensa del Táchira.- Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, el joven de 17 años asesinado en una manifestación política en Caracas el 7 de junio de 2017, mantiene la promesa vigente que le hizo a su hijo cuando lo vio tendido en una camilla de la Clínica Ávila sin signos vitales por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho: "Lo abracé, le di mi bendición, y le juré que no descansaría hasta lograr la libertad de Venezuela, porque antes de pedir justicia debemos pedir libertad", exclamó entre lágrimas durante el foro realizado por la Comisión Presidencial para Derechos Humanos del Gobierno Interino de Venezuela.

Durante el evento, las víctimas de violaciones a su integridad rindieron testimonio para que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan los escuchara, exigiendo para que inicien una investigación contra Nicolás Maduro y funcionarios del gobierno por delitos de lesa humanidad.

A 4 años de la muerte de Lander, asegura que todavía el Ministerio Público no ha imputado a ningún responsable. Las pruebas recabadas, fotografías y testigos de las protesta en la avenida Francisco de Miranda del municipio Chacao, señalan cómo el adolescente fue el blanco fácil de un piquete de más de 80 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que reprimían, aunque el fiscal general Tarek William Saab insista que el impacto en el tórax y las quemaduras que recibió fueron producto de un mortero.

Julieta Ovalles, madre de Luigi Ángel Guerrero Ovalles, de 24 años, asesinado el 23 de enero de 2019 en una manifestación política en San Cristóbal, Táchira, también pidió a la justicia internacional accionar contra una política sistemática de tortura en Venezuela. "Mi hijo cae herido a la una de la tarde en una marcha, luego que una comisión de las FAES llegó disparando, lo llevaron a la emergencia del Hospital Central de San Cristóbal y tenía un impacto de bala, pero luego llegaron agentes del Sebin y del Cicpc y lo remataron. A mi hijo me lo entregaron muy golpeado y con tres disparos en morgue", recordó.

También ofreció testimonio Carlos Marrón, el abogado que permaneció dos años preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, luego de viajar de Estados Unidos a Venezuela por el secuestro de su padre. El Ministerio Público lo detuvo en el aeropuerto de Maiquetía y lo presentó como un "terrorista financiero", alegando que manipulaba la tasa de cambio del "dólar paralelo".

"Me metieron en El Cuarto de los Locos, un calabozo que medía metro y medio por metro y medio, donde me pasaban la comida infectada de insectos. Era una celda oscura, sin baños y estaba hacinada. Luego me pasaron a un cuarto donde estuve 24 horas del día bajo la exposición de luz blanca y era torturado físicamente todos los días", expresó en representación de los casos de detenidos arbitrariamente en el país.

Cadena de mando está impune

La abogada y defensora de Derechos Humanos, Sara Fernández Riera, señaló que el caso Venezuela está en la fase 3 del examen preliminar, que es la fase de complementariedad ante la CPI, que significa que la fiscalía verifica si los hechos que son objeto de análisis los están enjuiciando para sancionar a los responsables.

"Los funcionarios venezolanos alegan que en Venezuela se está cumpliendo el principio de complementariedad, para que la corte se inhiba a investigar estos hechos de lesa humanidad, alegando que el sistema de justicia nacional está realizando investigaciones. Queda claro con los relatos de las víctimas que no ha habido justicia. La fiscalía debe verificar quiénes son los implicados en la cadena de mando, los altos responsables en estos hechos, quién dio la orden, estas acciones han sido sistemáticas desde 2015", alegó.

"Se ha determinado que el Estado está realizando investigaciones contra algunos policías o funcionarios, pero son de un nivel de jerarquía muy bajo, para librar a los más altos responsables", mencionó la activista de DD. HH.

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