Revolución Judicial

 La decisión del Presidente de nombrar una comisión especial para hacer una revolución profunda en el sistema de justicia es oportuna y urgente: El Estado cojea gravemente en el Poder Judicial y las instituciones del sistema. Todo balance que se haga sobre el funcionamiento del sistema de justicia, indica los graves problemas que lo aquejan y que obliga a formular una Política Pública, reconociendo la trascendencia del asunto como de interés nacional que no ha sido atendido oportunamente por sus órganos rectores. 

El sistema de justicia venezolano padece graves males estructurales con mucha que deben ser atendidos en el Plan Especial planteado por el Presidente; plan que arranca resolver el hacinamiento de detenidos en los centros preventivos y el retardo procesal de fiscalías y tribunales, para luego abordar la reforma legislativa necesaria para liquidar fallas formales y luego, como última parte del Plan, hacer las transformaciones institucionales que permitan el efectivo funcionamiento del sistema de justicia. 

Y esos graves males son de diferente índole. Asuntos tales como sueldos miserables que estimulan la corrupción; provisionalidad de los jueces; la nula formación profesional impartida por el sistema a fiscales, jueces, defensores, secretarios y asistentes; concursos de oposición que no ocurren; decisiones de los jueces monitoreadas por un superior; los procedimientos que adrede producen retardo procesal; la obligatoriedad del traslado de reclusos que no se sanciona; la crónica suspensión de audiencias; la indolencia en determinar niveles de ocupación de centros de detención preventiva; detenciones arbitrarias por retardo en el otorgamiento de medidas sustitutivas; control de archivos donde se "pierden" expedientes; el "mercado judicial" que existe, donde todo se cobra; las micro "mafias" entre funcionarios de diferentes instituciones para cobrar a los detenidos, son problemas que deberán ser atendidos por la Comisión y resueltos con la perentoriedad que ordena la realidad.

 No es cualquier cosa la tarea encomendada. Se trata de construir una Política Pública que produzca una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia, cuya consecuencia debe ser la vida real y efectiva del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia del artículo 2 constitucional, para lo cual es determinante el respaldo y la participación de los ciudadanos y el control sobre las decisiones tomadas por la Comisión Especial.

La sociedad en general es la principal interesada en estos cambios, pero de igual forma, no debemos olvidar que existen interesados en que nada cambie para que no se acabe el "mercado". Es urgente participar para monitorear el desarrollo del plan. 

Como integrantes del sistema, los abogados deben asumir el deber de participar. Resignarnos a esperar que la Comisión resuelva lo que las instituciones no han hecho en 20 años o conformarnos con criticar y señalar los "lunares" del sistema, sin aportar a las soluciones, sería un acto de irresponsabilidad frente al problema.

La Revolución judicial está en curso. Por ello, debemos estar pendientes de la ejecución efectiva de la primera etapa del Plan pues habrá renuencia en ayudar por quienes viven del retardo procesal y del hacinamiento.

En todo caso, lo más importante de esta nueva iniciativa de cambios en el sistema de justicia es, que concluya con una Política del Estado que logre su real y efectivo funcionamiento para que exista el verdadero Estado de Justicia.

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