Caso Tarazona: violan debido proceso en allanamientos

Anggy Murillo | La Prensa del Táchira.- Para la abogada Raquel Sánchez, directora del Foro Penal venezolano, capítulo Táchira, durante el allanamiento a la vivienda de la madre de Javier Tarazona, activista de Fundaredes, se violó el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.

Sánchez destacó que tras el cerco policial que se encontraba en la zona y el impedimento para que ingresaran al sector, un abogado que vive por el sector intentó ingresar a la vivienda y acompañar a Teresa Sánchez, hasta el organismo al que fue trasladada, sin embargo, esto no fue permitido.

"Cuando las personas son sujetas a este tipo de actuaciones siempre pueden y deben pedir estar asistidas por representantes legales de su confianza, es decir, la señora Teresa tenía todo el derecho de solicitar el ingreso del abogado que ella considera para velar por sus intereses y evidentemente, evitar que la situación se saliera de las manos. Cuando logramos comunicarnos a través de los canales institucionales, se nos dijo que la señora no estaba detenida sino de testigo y se encontraba en la sede de alguno de esos organismos firmando las actas del allanamiento", explicó Sánchez.

La abogado acotó que el procedimiento efectuado tanto en la vivienda materna de Tarazona como en la sede de Fundaredes, fue conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Dgcim y la Guardia Nacional Bolivariana e hicieron acto de presencia dos fiscales del Ministerio Público.

El 01 de julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a Javier Tarazona y a las personas identificadas con su núcleo familiar que tengan residencia en Venezuela, al considerar que se encuentra en una situación de riesgo de daño irreparable de sus derechos. 

Con esta petición el Estado venezolano estaría obligado a frenar cualquier tipo de arremetida o asecho contra los beneficiarios, deben dejarlos en libertad y permitir el desarrollo de su personalidad, sin embargo, evidentemente en este caso, no se cumple.

En torno a este tema, el defensor de Derechos Humanos, Walter Márquez, destacó que "técnicamente en un estado de derecho, la orden de la CIDH, debe ser respetada, pero el Gobierno venezolano es un estado forajido y pasa por encima de cualquier decisión internacional, por eso es importante que se mantengan y se profundicen las sanciones, en el caso de la señora Tarazona es una persona humilde, ella nunca ha estado metida en actividades de carácter social. No existen delitos de consanguinidad".

En torno al allanamiento de Fundaredes, destacó que por recomendaciones de los abogados de la institución, todo lo que había en el lugar había sido resguardado, "ellos preservaron su propia documentación para evitar que fuera destruida".

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