EMPRESAS ESTADALES SE LE SALEN DE LAS MANOS AL GOBIERNO

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DEL TÁCHIRA-. Unas 64 empresas estatizadas por el Gobierno a partir de 2007, han pasado a manos de capital privado en Venezuela desde el 9 de octubre de 2020, fecha en que la extinta Asamblea Nacional Constituyente aprobó la "Ley Antibloqueo" donde le otorga poderes extraordinarios a Nicolás Maduro para hacer convenios "secretos", con empresarios nacionales o extranjeros.

Así lo revela el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad). Cuatro de esas empresas están en Lara y pertenecen al sector agroindustrial y telecomunicaciones. Pero la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores confirmó a LA PRENSA de Lara que siguen paralizadas, sin inversión de maquinaria ni de materia prima para producir, aplicando políticas de asedio permanente a la fuerza trabajadora, manteniéndolos con bajos salarios y violando su contratación colectiva, lo que ha impulsado a renuncias masivas en los últimos siete meses.

as alarmas se encendieron cuando Nerenny Rodríguez, coordinadora del Consejo Productivo de Trabajadores en Lara, denunció en Venezolana de Televisión, en pleno Congreso Presidencial de Gobierno, que los empleados de Lácteos Los Andes no son escuchados por las junta directiva para impulsar la producción, siendo afectados quienes laboran en la planta Cabudare y en la Planta Procesadora de Frutas y Tubérculos Ana Soto ubicada en Bobare municipio Iribarren, donde se desempeña como analista de atención al ciudadano. Su reclamo provocó la reacción inmediata del mandatario nacional, quien solicitó al nuevo Ministro del Trabajo José Rivero , iniciar una investigación profunda en la empresa. "En la junta directiva debe estar la clase obrera", manifestó Maduro.

Nerenny Rodríguez contó que cuatro sedes a nivel nacional de Lácteos Los Andes, entre ellas la de Cabudare y Machiques en Zulia, fueron traspasadas en calidad de comodato a final de 2020 a un "grupo iraní privado" para su administración llamado Venilac, pero trabajadores desconocen el nombre de los empresarios y a la fecha los sindicatos no se han reunido con ellos, para conocer proyectos de inversión y planes de producción.

Una investigación publicada por el portal web Armandoinfo el 28 de abril de 2021, señaló que los empresarios son dos hermanos libanases, de nombres Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub, ambos han tenido nexos con el Gobierno desde 2003, llegando a recibir entre 2004 a 2012, unos 90 millones de dólares preferenciales Cadivi.

"Hasta el momento estos empresarios se han dedicado a hacer trabajos de latonería y pintura en Lácteos Los Andes Cabudare. Han arreglado paredes deterioradas y han hecho limpieza en la infraestructura, pero no han innovado maquinarias ni se cuenta con materia prima para producir leche, derivados lácteos, jugos naturales, bebidas y alimentos. Esa sede tiene dos años paralizadas y donde yo laboro, en planta Ana Soto tenemos más de un año inactivos. allí se elaboraban cuatro líneas de producción, néctar, frutas, tubérculos y helados", enfatizó Rodríguez.

Afirmó que los trabajadores ganan un salario base 20% por encima del salario mínimo. Es decir ocho millones 400 mil bolívares, equivalentes a unos 2,7 dólares al mes. " Quieren desviar la nómina, no reconocen a los sindicatos, no respetan los beneficios laborales establecidos en la contratación colectiva, se les ha quitado el comedor, la cesta de alimentos mensuales que les corresponde por Convención Colectiva, y aplican acciones como obligar a los trabajadores foráneos a acudir a trabajar una vez a la semana a cumplir horario, pero eliminándoles el transporte. Esto ha obligado a muchos trabajadores a renunciar", expresó al destacar que Lácteos Los Andes tenía una nómina de aproximadamente 3000 trabajadores a nivel nacional, y han renunciado en los últimos años unas 1500 personas.

"Criticamos que estos traspasos de activos de lo público a privado se llamen privatizaciones, porque una de las características de la privatizaciones es que deben ser totalmente transparentes, para que la población se asegure que el adquirente sea el más idóneo, realice un pago justo y que el destino de ese dinero que entra al erario público sea invertido después en un fondo para planes sociales u obras del Estado. Eso no se está viendo en Venezuela, lo que tenemos son unas operaciones secretas donde el régimen se reserva toda la información. Hoy uno acude al Registro Nacional de Contratistas a solicitar información de estos empresarios y es negada", recalcó Andrea Rondón abogada y miembro del Comité Académico de CEDICE Libertad.

Explicó que la Ley Antibloqueo viola la Ley de Privatizaciones creada en 1992, donde se establece que un verdadero proceso de privatizaciones no puede menoscabar los derechos de los trabajadores y el nuevo patrono debe mantener intacta la nómina y los beneficios salariales.

Los trabajadores deben estar al tanto de los acuerdos que haga el Gobierno con los empresarios privados. Que cambien el patrono no significan que se extingan las obligaciones sino que se mantienen y a lo largo del tiempo se irán modificando, de eso deben estar al tanto los sindicatos", resaltó.

Afectados en Lara

En Lara además de Lácteos Los Andes, han pasado a manos de privados la Azucarera Pío Tamayo, adquirida por Consorcio Veinca C.A ubicada en El Tocuyo, municipio Moran; Agropatria ubicada en Quíbor y El Tocuyo y la Zona Industrial III de Barquisimeto, y Movilnet. Según medios de comunicación nacional el presunto traspaso de esta empresa de telecomunicación se registró a principios de febrero.

Sin embargo, el secretario general del Sindicato CANTV, Rafael Avendaño, informó a LA PRENSA que los trabajadores siguen cobrando por nómina del Estado, sólo hubo una separación administrativa de CANTV. "Es falso que haya una inversión tecnológica en Movilnet, lo que hay es un desconocimiento a los sindicatos. Solicitamos al presidente Nicolás Maduro que le meta la lupa a las juntas directivas, porque han despedido en los últimos días a 10 trabajadores en Lara, y a 100 a nivel nacional de manera injustificada", denunció.

Precisó que los trabajadores de Movilnet tienen un salario 20% por encima del salario mínimo, y reciben un bono semanas de 20 millones de bolívares y tienen un cestaticket de 20 millones de bolívares mensual, estos ingresos no inciden en las prestaciones sociales. Apuntó que las oficinas comerciales en Venezuela a excepción de Caracas están cerradas desde marzo 2020 cuando inició la pandemia, los trabajadores fueron mandados a sus casas pero reciben un salario, sin embargo aquellos que decidan trabajar aparte porque el sueldo no les alcanza para comer, son despedidos.

"El gobierno tiene que decretar un salario como lo establece el artículo 91 de la Constitución, que le permita vivir dignamente y cubrir las necesidades básicas de sus trabajadores. Eso es lo que reclamamos", mencionó.

Van 42 despidos en azucarera

42 trabajadores de la Azucarera Pío Tamayo, protestaron en la Inspectoría del Trabajo de Barquisimeto, alegando ser despedidos por el Consorcio Veinca C.A, que en calidad de comodato por cinco años, tomó las instalaciones en noviembre 2020.

"Absorbieron la nómina a más de 300 trabajadores y quedamos por fuera 42 que nos negamos a firmar una liquidación que no tomaba en cuenta más de 25 años de servicio", denunció Naudy Parra, afectado.

Activos ganan Bs. 1.500.000 semanal, pero la empresa sigue sin arrancar trabajos de refinación de azúcar.

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