?Esto es una forma de utilizar el sistema judicial como mecanismo de terror

Jesús Berro

politologo

Berro: "ONG no tienen estructuras para financiar al terrorismo"

Nelson Altuve P | La PRENSA del TÁCHIRA.- Hasta el 1 de mayo, las Organizaciones No Gubernamentales tienen plazo para entregar toda la información ante los organismos del Estado que mediante la Providencia 001-2021 esperan obtener todos los datos relacionados a las ONG que operan en Venezuela.

La situación ha generado una ola de críticas ante la medida gubernamental que ha puesto el tema como tendencia. Las ONG han sido un vehículo de alivio para los venezolanos en medio de la crisis política y social por su aporte a beneficiar a sectores humildes de la maltratada población a la que llegan beneficios, especialmente en el aspecto de ayuda humanitaria.

Para algunos dirigentes políticos el gobierno ha visto con "malos ojos" la actuación de muchas ONG, acusándolas de estar aupando el terrorismo, como lo han hecho saber algunos voceros de oficialismo y funcionarios del tren ejecutivo del gobierno que dirige Nicolás Maduro. 

Entre los efectos contraproducentes de esta decisión se enumera que la misma es insconstitucional, establece control discrecional a la libertad de asociación, viola el derecho de prestar de asistencia y protección, viola el principio de presunción de inocencia, entre otras aristas negativas.

En este punto, consultamos con el jurista y politólogo Jesús Alberto Berro, sobre los entretelones de esta providencia que pone en jaque mate a las ONG, que quedarían en el limbo, bajo un 'presunto manto de ilegalidad para operar y hasta bajo la amenaza de cárcel para sus integrantes.

-¿Qué hay detrás de esta Providencia 001-2021?

"El punto neurálgico que se debate a través de las redes, es la exigencia que hace puntualmente el gobierno a las ONG y a quienes la integran, es tener la información sobre las finanzas que manejan, además saber hacia dónde van dirigidos los recursos, junto al objeto y propósito de su funcionamiento".

Para el analista jurídico, los efectos de la medida del gobierno no la conocen y es preciso el debate que se está dando. "Aquí se trata de saber si es un mecanismo de control o para sesgar la posibilidad de cercenar que las ONG reciban recursos y el apoyo de orden nacional e internacional y eso es lo que genera esa angustia".

Desde diversos sectores y en las redes se plantea que la exigencia del gobierno es un acto inconstitucional que pone en sospecha a las personas de practicar terrorismo, además de querer tener toda la data del destino de los recursos, las personas que integran las ONG, etc.

"No sé si este mecanismo se trata de una especie de controlaría, para determinar la procedencia y destino de los recursos. En todo caso las ONG que reciben recursos tienen autonomía, y este tipo de control afecta estos ámbitos y es lo que no se quiere".

-¿Acaso ellos tienen la presunción de que las ONG están cometiendo actos que el gobierno los califica como terrorismo?

"Las ONG tienen actividades loables y persiguen propósitos altruistas, además buscan que la sociedad civil tenga representación en la vida política y social del país. Mal puede entenderse que las ONG tengan estructuras para cometer delitos, y que financien al terrorismo; están muy alejadas de esa posibilidad, por eso la exigencia está fuera de contexto".

-¿Esta medida es otro mecanismo más de control contra la sociedad?

"Es una forma de intimidar, amedrentar o aniquilar el ámbito de gestión de las ONG que operan dentro del ámbito político venezolano".

-Este año varios integrantes de ONG han sido detenidos, como los casos de Zulia y Aragua, pero luego son liberados bajo condiciones ¿Estos son signos de amedrentamiento o de perseguir a la disidencia?

"Esto es una forma de utilizar el sistema judicial como mecanismo de terror y el derecho penal contra el enemigo político, utilizando los organismos institucionales de carácter penal para amedrentar y perseguir, evitando que sigan ejerciendo actividades de esa naturaleza".

-Ante lo que se considera una arremetida de los organismos del Estado y de una parcialidad política contra las ONG ¿Qué están haciendo esas organizaciones?, ¿buscarían sus representantes mecanismos para defenderse ante esa situación planteada?

"Si hay que hacer uso de los mecanismo de legalidad, pese a la precariedad del estado de derecho. Los que son apóstoles de legalidad, y dentro de un sistema previsto en nuestra carta democrática de justicia y derecho, es importante usar los mecanismos y restricciones impugnando por vía de reconsideración esa medida, ejerciendo acciones que demuestren la insconstitucionalidad de la medida".

-¿A quiénes afecta directamente la exigencia de la providencia, a los integrantes de las ONG o las personas que reciben los beneficios?

"Por supuesto que el impacto y efectividad de la labor que desarrollan las ONG en su mayoría dedicadas a alimentar y aliviar la situación humanitaria que padecen mucho venezolanos se irán al traste. Los objetivos altruistas no se podrán consolidar de aquellos que persiguen el bienestar social y eso afectaría a un segmento de la sociedad, impactando de forma determinante al sector que se ve beneficiado con esas ayudas".

En Venezuela se contabilizan más de 650 organizaciones no gubernamentales que han contribuido a aliviar la pesada carga social de ayuda humanitaria, haciendo énfasis en el aspecto de salud, alimentación y escolaridad de venezolanos en condición de pobreza extrema, producto de un espiral inflacionaria, escasez y bajos salarios dejando un vasto sector social, totalmente vulnerable.

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