Protestas del sector salud lideraron primer trimestre en Lara 

Lorena Rojas | La Prensa Táchira.- Ni la pandemia ni los cuerpos de seguridad frenaron a los larenses que tomaron las calles para elevar su voz de protesta por servicios públicos caóticos, escasez de gasolina, violación a derechos humanos y salarios bajos.

Y es que en el período de enero a marzo de 2021, Lara contabiliza 84 protestas de calle siendo los trabajadores del sector salud quienes reúnen mayor número de manifestaciones exigiendo mejor salario y equipos de bioseguridad para enfrentar el coronavirus, llegando a sumar 24, según cifras que a diario lleva LA PRENSA DE LARA.

El personal sanitario de centros de salud como Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga, Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera y hasta centros centinelas fueron los que se mantuvieron exigiendo reivindicaciones salariales y denunciando las deplorables condiciones en las que laboran y atienden a los pacientes, los manifestantes señalaban que no habían sido dotados de material de bioseguridad para protegerse contra el virus del Covid-19.

En el Seguro Social Pastor Oropeza las enfermeras nombraron a una de las salas del hospital como el "muro de los lamentos", este es el lugar donde por días se han congregado para exigir que entes gubernamentales respondan a sus solicitudes, pues denuncian que no cuentan con recursos básicos como material médico quirúrgico para atender a los pacientes.

Pero no solo el personal que trabaja en hospitales tomó las calles para protestar, sino que también se sumaron los pacientes renales de unidades como la Unidiatra y la Unidad de Diálisis Barquisimeto quienes se plantaron en las calles para exigir que se les surtiera agua potable para que las máquinas de osmosis pudiesen funcionar. Aunque sus reclamos fueron atendidos, pacientes aseguraban que la respuesta fue a medias, ya que solo estaban recibiendo la mitad de horas de diálisis para poder atender los 3 turnos, debido a que no se llevaban el agua suficiente.

En un segundo lugar de protestas están las exigencias de agua potable por tubería que suman 23 distribuidas en comunidades como La Carucieña, El Roble, El Cercado, El Molino del municipio Morán, cuyos vecinos reportaban que tenían que comprar el vital líquido a cisterneros en 1 dólar las pipas o hasta más.

Los habitantes de El Jebe, El Trompillo y El Tostao fueron quienes protestaron por pasar semanas sin electricidad debido a la explosión de transformadores. Comentaron que se vieron obligados "solventar" por sus propios medios conectándose a otros transformadores para no vivir en la oscuridad, sin embargo, estos tuvieron que preparar sus comidas en fogones a leña, para evitar sobrecargar el transformador con cocinas eléctricas y por la falta de gas doméstico, servicio que enardeció a vecinos de El Malecón, Chucho Briceño, San Vicente quienes trancaron las calles para exigir el suministro.

Por falta de combustible se generaron 6 protestas, las cuales en su mayoría fueron lideradas por el sector agroalimentario del municipio Andrés Eloy Blanco, donde productores salieron a protestar para exigir la distribución de gasoil y gasolina para trabajar las tierras y vender las cosechas, ya que en varias oportunidades se vieron en la obligación de regalar las verduras y hortalizas.

Docentes por su parte se congregaron para exigir la autonomía universitaria, denunciar las condiciones laborales y el rechazo a la plataforma del sistema patria, estudiantes pedían volver a las aulas.

Es cultural

Según el registro que lleva LA PRENSA DE LARA, las protestas durante el trimestre se fueron incrementando progresivamente, para el mes de enero se contabilizaron 19, en febrero 28 y en marzo 36.

El sociólogo y defensor de los Derechos Humanos, Nelson Freites, aseguró que este incremento se debe a la cultura de protesta que existe en el estado, ya que comunidades han notado que para que atiendan sus solicitudes deben salir a las calles.

"Han visto que saliendo a las calles frente a los organismos públicos con pancartas, pueden tratar de influir en las decisiones de los organismos para la resolución de sus necesidades, la gente se ha convencido de que los organismos solo actúan bajo presión y esa presión tiene que ejercerse en las calles", aseguró Freites, resaltando la importancia de los medios de comunicación es vital ya que son los que difunden las problemáticas.

Explica que a pesar de que hay restricciones de movilidad en el país, la necesidad de los ciudadanos es más grande, es por ello que la población se ve obligada a salir a exigir servicios públicos como el agua, gas doméstico, electricidad y hasta combustible.

Se mantienen

En más de una ocasión las protestas fueron dispersadas por funcionarios de cuerpos de seguridad, equipos antimotín han llegado a las manifestaciones para mantener el orden público, sin embargo, larenses ante la imperiosa necesidad de cubrir sus necesidades hacen caso omiso y se mantienen firmes en las calles esperando que su solicitud sea atendida, tal como sucedió en el Puente Macuto el cual estaba trancado por habitantes de El Roble.

En otras comunidades para evitar problemas con funcionarios de seguridad han hecho protestas silentes.

Se deben generar políticas

El politólogo Germán Aponte aseguró que las manifestaciones en la entidad se deben al descontento generalizado que hay en la población, debido a que el estado no está cumpliendo con las necesidades básicas de la misma.

"El rol principal del estado es cumplir con las necesidades básicas de la población, generar las condiciones a través de concesiones para que la gente tenga acceso a bienes y servicios y a una mejor calidad de vida", dice, asegurando que en el país el Gobierno nacional se ha dedicado netamente a hacer política. 

"La gente de alguna manera tiene que buscar llamar la atención de la opinión pública, para que esa figura de estado capte y se dedique a resolver a través de políticas públicas y de esta forma se pueda generar una solución", señala, comentando que mientras estas políticas no existan, se seguirán generando protestas de toda índole a nivel nacional.

Desde su percepción como politólogo, señala que el estado más que hacer mala política debe crear políticas públicas que beneficien a la población y cubran sus necesidades.

Manifestaciones de índole político fueron dispersadas

En el primer trimestre según el registro de LA PRENSA DE LARA se generaron en el estado 7 manifestaciones de índole político, las cuales en su mayoría fueron dispersadas y asediadas por parte de funcionarios de seguridad quienes permitían manifestar por unos metros a dirigentes políticos y simpatizantes pero al llegar al punto final eran frenados por los oficiales.

Daniel Antequera, diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, detalló que en el primer trimestre del año, tras sus esfuerzos de alzar la voz por las precarias condiciones en las que viven los venezolanos en manifestaciones pacíficas por las comunidades, había presencia de funcionarios de cuerpos policiales.

"Ante todo lo que viven los venezolanos no podemos ser indolentes, en este primer trimestre hemos alzado la voz y acompañado a la gente porque solo en democracia es que podremos vivir mejor los ciudadanos ya que lamentablemente estamos huérfanos de quienes nos apoyan", dijo Antequera.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Guillermo Palacios aseguró que el Gobierno Nacional ha formado una política de control social tras la llegada del Covid-19 al país.

"El régimen se ha aliviado con la llegada del Covid-19 al país, porque eso que la gente se ha mantenido en las casas, pero a pesar de eso han salido a salido a protestar, porque no hay suficiente cantidad, ni calidad en los servicios que se requieren para satisfacer las necesidades", dijo Palacios, denunciando el proceso de discriminación con la vacunación, pues simpatizantes al gobierno fueron los primeros en recibir las dosis de las vacunas.

"Todo está dirigido por un plan que ha mantenido el régimen con el propósito de controlar política y socialmente a la población", finaliza.

Suben durante la pandemia

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en su informe anual, develó que en 2020 el 81% de las protestas fueron durante el estado de alarma por COVID-19.

Según el informe unas 7.789 acciones de calle entre el 13 de marzo y 31 de diciembre fueron las que se registraron en 2020, pese a los riegos de la pandemia mundial en medio de la emergencia sanitaria, que compromete la salud, alimentación, educación y servicios básicos.

Las necesidades de los venezolanos fueron mayores, al punto de que algunos desistieron de cumplir las medidas de distanciamiento social y confinamiento en casa y tomaron las calles en protesta para llamar la atención de las autoridades y exigir la reivindicación de sus derechos y una solución a sus necesidades.

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