Preocupación por delincuencia en Perú afecta a venezolanos

AP | La Prensa del Táchira.- Adriana Marero abandonó la universidad en su Venezuela natal en 2017, cuando las protestas antigubernamentales se tornaron violentas y los problemas económicos se agravaron, y se marchó a Perú buscando un lugar en el que poder ganarse la vida dignamente. Repartió comida en su bicicleta, ejerció de anfitriona en un casino y trabajó en varios restaurantes.

Entonces llegó la pandemia del coronavirus, que ha golpeado especialmente a Perú, y Marero se quedó sin empleo, como muchos otros inmigrantes. Decidida a mantener sus ingresos, Marero aprendió a hacer productos naturales para el cuidado de la piel, que vende en mercados de artesanía junto a docenas de venezolanos que han abierto sus propios negocios.

Pero los esfuerzos de Marero y otros como ella para ganarse la vida honestamente se han visto cada vez más empañados por lo que los defensores de los migrantes describen como una excesiva atención de la policía y los medios locales a los delitos cometidos por unos pocos venezolanos. Esto, señalan los activistas, está alimentando la xenofobia entre los peruanos.

"Realmente es un pequeño grupo que viene a hacernos quedar mal", afirmó Janny Contreras, también venezolana, que vende joyas en otro puesto del mercado.

Los migrantes descubiertos en actividades ilegales, apuntó Contreras, son muchos menos que los "venezolanos emprendedores que vinieron a este país a trabajar".

Perú alberga a casi un millón de desplazados venezolanos, un éxodo que comenzó alrededor de 2014 cuando la inflación, el desempleo, la delincuencia y la escasez de alimentos y medicinas se dispararon en su país natal. Los migrantes, muchos de ellos con estudios superiores o varios títulos universitarios, han entrado principalmente en la economía informal de Perú, trabajando como conductores de taxi y bus, repartidores, cocineros y, durante la pandemia, como enterradores.

Mientras el coronavirus sigue infectando y matando a cientos de personas cada día en el país, provocando nuevas cuarentenas y hundiendo más aún su economía, los peruanos tienen la vista puesta en las elecciones locales y presidenciales que se celebrarán en menos de tres meses. Y algunos políticos se están enfocando en los migrantes, acusándolos de estar desproporcionadamente implicados en actividades delictivas.

Álex Gonzáles Castillo, alcalde de San Juan de Lurigancho, en el municipio de Lima, señaló que en su jurisdicción de 1,2 millones de habitantes, los delitos más violentos son cometidos por extranjeros, a los que acusa de organizar ataques a gente en paradas de autobús. Pero los únicos datos concretos que ofrece son los de infracciones de tránsito menores.

Según el regidor, alrededor del 70% de las intervenciones policiales contra conductas que alteran "el orden del distrito" implican a extranjeros.

Gonzáles salta de eso a decir que los venezolanos están involucrados en "muchos delitos". La atención pública suele centrarse en casos como el del un conductor de autobús venezolano que atropelló y mató a una mujer el mes pasado. No tenía permiso de conducción y ahora está considerado prófugo de la justicia.

Con información de AP 

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