Sin pruebas van a juicio pemones por asalto a cuartel

Agencias | La PRENSA del TÁCHIRA. Los 13 pemones detenidos en diciembre de 2019 por el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, en el sector Luepa en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, pasarán a juicio tras aceptarse las pruebas presentadas por la Fiscalía.

 "La decisión no tuvo que haber sido la que tomó el juez", dijo Stefania Migliorini, abogada de Foro Penal. Señaló que la acusación de la Fiscalía carece de claridad en cuanto a modo, tiempo y lugar de los hechos. "No especifican cómo fue que los indígenas hicieron, realizaron o estuvieron en ese asalto militar", expresó.

La abogada subrayó que hay declaraciones presentadas por la Fiscalía que son contradictorias, ya que aunque se habla de unos indígenas, el testigo militar no logra identificar el rostro de los 13 detenidos. Migliorini declaró que no pueden determinar que fueron estos 13 pemones los que actuaron en dicho asalto.

"Esa acusación no tiene ni pies ni cabeza. No hay elementos de convicción suficientes que demuestren que esos indígenas pemones cometieron tales hechos", resaltó. De acuerdo con la abogada, 250 de las 300 hojas que contiene la acusación son actas policiales. 

"Tú no puedes promover unas actas policiales como pruebas, eso te lo dicen miles de sentencias y está establecido en nuestra legislación", dijo. Advirtió que ya vieron que en otros casos políticos las actas policiales están hechas desde antes que ocurran los hechos.

Carencias por salud

"El estado de salud de ellos, sobre todo de Salvador Franco es muy malo", alertó Migliorini. Los pemones recluidos en el Rodeo II, al estar en estado de hacinamiento sufrieron sintomatología de Covid-19 y enfermedades estomacales por no tener acceso a agua potable.

El penal no brinda garantías de alimentación ni salud, por lo que Franco bajó de peso y está presentando problemas respiratorios, declaró la abogada. Esperan que el traslado a un centro de salud pueda concretarse esta semana, tras la solicitud realizada por la defensa.

En junio de este año, Amnistía Internacional exigió al Gobierno nacional que rectificara las condiciones de reclusión de los 13 indígenas. 

Denunciaban que los 13 estaban siendo procesados desconociéndose la Constitución y estándares de derechos humanos que establecen la obligación del Estado de respetar los sistemas de justicia indígenas.

"Amnistía Internacional exige que este traslado se realice de manera urgente para evitar mayores afectaciones a los derechos humanos de estas personas", expresó en un documento.

 La organización exigió el traslado a sus comunidades para cumplir la restricción preventiva, algo que hasta ahora no fue cumplido. 

La defensa también solicitó en la audiencia preliminar previa que fueran cambiados de centro de reclusión. Entre las propuestas estaban la cárcel de Ramo Verde, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Sin embargo, el juez negó el cambio de centro por ser Ramo Verde una cárcel militar. De los 13 indígenas privados de libertad, ocho se entregaron el 22 de diciembre y el resto fue arrestado entre el 28 y 30 de diciembre de 2019. Durante la detención fueron golpeados frente a sus familiares.

Los primeros ocho fueron presentados el 10 de enero en el Tribunal Cuarto de Control con competencia en terrorismo en Caracas, mientras que los restantes fueron presentados a finales de febrero, casi dos meses luego de su arresto. 

Durante este proceso no se les respetaron los tiempos procesales ni se le permitió el derecho a defensa privada. Posterior a esto sufrieron el diferimiento de tres audiencias, dos de estas por falta de traslado hasta tribunales e intérprete. A los abogados no se les permitió acceder al expediente luego de ser juramentados.

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