Agencias | La PRENSA del Táchira. - Un grupo de familiares de reos de Venezuela, a los que consideran "presos políticos", pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que medie para conocer y mejorar su estado de salud.
Kerling de Sánchez, esposa del teniente coronel Ruperto Sánchez Casares, preso desde 2014, explicó a periodistas que en el grupo, "hay presos políticos civiles y militares" y no saben "sus condiciones de salud", lo que les preocupa especialmente por la pandemia de Covid-19.
"Mi esposo está preso en la cárcel de Ramo Verde, tenemos meses sin acceso a él y no sabemos sus condiciones de salud. Con una pandemia mundial, la angustia, la desesperación nos come, no sabemos nada de ellos", afirmó.
Por ello, pidieron a la organización, a través de una misiva, "que se aboque" a ayudarles" a "prestar su mano amiga", puesto que, según comentó, saben que es una organización que tiene, dentro de sus funciones, "lograr este acercamiento".
Sánchez subrayó que han recibido información de que el CICR tiene acceso a los centros de reclusión y, "tal vez, sepan" el estado en el que se encuentran sus familiares.
Según explicó, el mayor miedo que tienen en este momento es que sus parientes se hayan contagiado de Covid-19, así como que sean torturados, "cuál es su estado de salud y condiciones psicológicas".
"Sabemos que están en cárceles con hacinamiento, donde las condiciones de salud no son las mejores. Solicitamos a todas esas manos amigas que se unan a nosotros, que por favor nos ayuden a encontrar la libertad, que esa es nuestra felicidad, ese sería el logro más grande", afirmó.
La esposa del teniente coronel Sánchez explicó que su mayor anhelo es darse "ese abrazo de libertad", pero reconoció "que también, mientras estén allí (en prisión)", esperan que los presos "puedan tener acceso a la salud".
Entre los detenidos se encuentran 335 hombres y 24 mujeres, de los que 232 son civiles y 127 son militares. De ellos, 357 son adultos y dos son adolescentes, según ese reporte de Foro Penal. El pasado 31 de agosto Maduro adoptó una medida de gracia que otorgó indulto carcelario, es decir, excarcelación, a 53 personas y sobreseimiento de diversas causas a otras 57.
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