Provea: Saldo en rojo dejan 5 años del OLP

Agencias | La Prensa del Táchira.- Ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas es el saldo que se tiene al cumplir el quinto aniversario de la creación de las OLP.

Así lo refleja un informe de la ONG Provea, al realizar un análisis sobre el funcionamiento del "Operativo Liberación del Pueblo" anunciando por el gobierno de Nicolás Maduro para combatir la inseguridad.

La inconsistencia en cifras y balances ofrecidos por las autoridades se sumaron a la cuestionable actuación de la Fuerza Armada y cuerpos policiales, desde que hace cinco años se hizo el lanzamiento oficial de la OLP.

Esta operación policial-militar forma parte del plan gubernamental N° 23 para combatir la inseguridad, que rápidamente se convirtió en una carta en blanco para que las fuerzas de seguridad cometieran excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares.

Desde el inicio del OLP, Provea registró cientos de denuncias sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por los funcionarios policiales y militares actuantes en estos operativos. El numeroso despliegue de funcionarios policiales y militares en las zonas donde se realizó el OLP y el discurso oficial que alentó la política de "mano dura", propiciaron la ocurrencia de numerosos abusos por parte de los agentes de la fuerza pública contra habitantes de sectores pobres.

En abril de 2016, junto a Human Rights Watch, presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela, en el que se analizaron los señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la OLP.

La denuncia del gobierno sobre la "presencia de paramilitarismo" en las comunidades pobres dio pie a una especie de pogromo contra la población extranjera, especialmente colombiana, y contra quienes habitan zonas populares.

Autoridades y el sistema público de medios mantuvieron una amplia campaña xenófoba que generó la criminalización de grupos de la sociedad por su nacionalidad o condición social.

Según las cifras suministradas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) en los primeros 5 meses de OLP, más de 70.000 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías regionales habían participado en operativos realizados en distintas comunidades populares de la geografía nacional.

Por sus efectos, el OLP impactó negativamente en la garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, además vulneró la realización y garantía de los derechos económicos sociales y culturales. 

No hay antecedentes en Venezuela de un operativo policial que haya tenido un impacto tan negativo en la garantía del derecho humano a una vivienda adecuada.

De acuerdo a las cifras presentadas en 2017 por el Ministerio Público en su informe Actuaciones en el marco de las OLP, desde el inicio del "Operativo de Liberación del Pueblo" en julio de 2015 y hasta marzo de 2017, un total de 505 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública. 

De acuerdo a la información revelada por el órgano, la mayoría de las personas asesinadas eran hombres mayores de edad (94,65%) y en menor medida hombres menores de 18 años (5,35%).

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