Presentan ante el MP funcionarios de las FAES por ejecuciones extrajudiciales

Agencias | La Prensa Táchira.- El fiscal Tarek William Saab informó que cuatro funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) involucrados en el ajusticiamiento de cinco hombres en el barrio El Limón, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, han sido presentados ante el Ministerio Público (MP) tras realizar investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. 

William Saab señaló sobre este caso, que el pasado jueves el MP inició una investigación tras la denuncia por el ajusticiamiento, por lo cual se comisionó a los fiscales 49º Nacional con competencia plena y 81º del Área Metropolitana de Caracas con competencia en materia de Protección de Derechos Humanos, para presenciar los protocolos de autopsias, inspecciones técnicas del sitio del suceso, inspecciones técnicas de los cadáveres, levantamiento planimétrico del sitio del suceso, trayectoria balística y entrevistas a los testigos.    

Señaló que los fiscales constataron inconsistencias en las actas policiales, las cuales informaban sobre un presunto enfrentamiento y establecieron la existencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en la acción policial. 

El MP procedió a librar órdenes de aprehensión, por lo que los funcionarios Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus y Antony Castellar hoy están siendo presentados por la presunta comisión de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible. 

El crimen 

Sobre el suceso, el fiscal relató que en horas de la madrugada, Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez, se encontraban durmiendo en sus residencias cuando comisiones de las FAES irrumpieron violentamente en sus viviendas, posteriormente, fueron sacados a la calle, llevándolos hacia un sector boscoso de la barriada donde fueron ejecutados. Detalló que el crimen fue observado por varios vecinos de la comunidad. 

Según informaciones que circularon días atrás, uno de fallecidos era escolta de la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. 

Líder Tupamaro imputado 

En las declaraciones ofrecidas por el fiscal, fue anunciado que se solicitó orden de aprehensión contra José Pinto Marrero, Secretario Nacional de Tupamaro, y José Fidel Blanco, Jesús Sánchez Roquett y Jesús Ibarra, sus tres escoltas, por su vinculación en la muerte de George Soto Berroterán, un joven pescador de 16 años de edad, quien fue asesinado en La Guaira.

El joven trabajaba como pescador para Pinto y fue visto por última vez el 23 de mayo, cuando se dirigió hacia la finca La Tupareña, propiedad del líder Tupamaro ubicada en la parroquia Caruao de La Guaira. 

Manifestó que los escoltas sometieron y golpearon a Juan Romero (otro pescador) quien denunció haber sido agredido en la finca La Tupareña, y haber visto cómo golpeaban al adolescente desaparecido, este además acusó de que los escoltas golpearon con sus armas y exigieron al resto de los pescadores que también lo golpearan; entre ellos al adolescente, quien se negó a hacerlo. "Su negativa motivó a que fuese objeto de golpes por parte de estos ciudadanos, quienes lo señalaron de ser cómplice en el hurto" dijo. 

Tras la denuncia, el CICPC inició investigaciones y, encontrando el pasado 12 de junio una pequeña fosa sellada con concreto, una osamenta y, donde se encontraba un bolso con prendas de vestir y documentos personales del joven pescador. 

En las pruebas técnicas se determinó que la osamenta presentaba un orificio en el cráneo producido por el paso de un proyectil disparado por un arma de fuego.

Contra funcionarios que violan DDHH

Tarek William Saab informó que desde el 2017 han presentado la imputación contra 540 funcionarios de cuerpos de seguridad y contra 30 particulares como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos, se han privado de libertad 426 funcionarios y 19 particulares y se ha logrado la sentencia condenatoria contra 140 procesados, mientras que han sido acusados 786 funcionarios y 113 particulares, a través de la presentación de 366 acusaciones asociadas a los delitos de homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad y violaciones de domicilio.

"Cualquier funcionario público que, de manera individual, asuma actitudes en contra de los derechos humanos será castigado con todo el peso de la ley" finalizó.

Con información de La Prensa de Lara. 

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