Los especialistas del organismo público se trasladaron al sitio y confirmaron que el aparato quedó totalmente inoperativo y debe ser reemplazado

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Los especialistas del organismo público se trasladaron al sitio y confirmaron que el aparato quedó totalmente inoperativo y "debe ser reemplazado"

Habitantes de la Cuesta del Trapiche esperan por un nuevo transformador

Redacción | La Prensa Táchira.- Desde el pasado 28 de septiembre, la comunidad de la Cuesta del Trapiche y parte alta del barrio San Andrés de San Cristóbal,  se encuentran sin servicio eléctrico tras incendiarse el transformador que pertenece a la zona.

 La problemática surgió en horas de la noche, cuando el equipo eléctrico prendió fuego. Ante la emergencia, los vecinos solicitaron una solución inmediata a la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC). Los especialistas del organismo público se trasladaron al sitio y confirmaron que el aparato quedó totalmente inoperativo y "debe ser reemplazado".

 Los habitantes comenzaron a gestionar la solicitud a través de la aplicación VenApp. Aunque los ingenieros realizaron el estudio técnico y emitieron la orden, la respuesta oficial ha sido "esperar" debido a la escasez de transformadores.

Impacto en la Comunidad

 La falla eléctrica afecta a una comunidad donde hacen vida niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Las consecuencias de esta situación la viven día a día de las familias con pérdida de alimentos, donde los habitantes deben improvisar y trasladar sus compras a las casas de familiares o vecinos, para evitar que se dañen. También los limita a cumplir con sus actividades domésticas y laborales.

 Luz Zambrano, habitante del sector, se ven en la obligación de cargar sus teléfonos celulares y bombillos recargables en casas vecinas. Y en horas nocturnas se alumbran con estos dispositivos, quienes al agotarse la batería quedan en "oscuras".

Buscar una solución

 Los ciudadanos se plantearon reunir el dinero para comprar el nuevo transformador, sin embargo, los precios oscilan entre 1.200 hasta 1.400 dólares, una cifra que no pueden costear. Por tanto, exigen una solución inmediata a las autoridades gubernamentales para solventar esta situación.

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