Redacción | La Prensa Táchira.- La abogada Vilma Carrillo expuso los alcances de la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento para Uso Residencial, normativa que entró en vigencia el 7 de agosto de 2026 y que regirá únicamente los contratos firmados a partir de esa fecha. Durante el foro realizado en un conocido hotel de la ciudad, destacó que esta legislación introduce cambios sustanciales en la relación entre arrendadores y arrendatarios, con el objetivo de modernizar el sistema y ofrecer mayores garantías a quienes ponen sus inmuebles en alquiler.
Carrillo explicó que una de las principales fortalezas de la nueva ley es la libre contratación, lo que implica la recuperación del principio de autonomía de voluntad entre las partes, debilitado desde la aplicación de la normativa de 2011. Ahora, los contratos podrán pactarse en divisas, una medida que busca dar estabilidad a las negociaciones y adaptarse a la realidad económica del país.
Explicó que otro cambio relevante es que ya no será obligatorio agotar la vía administrativa ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda para resolver conflictos, lo que agiliza los procesos y reduce la burocracia. Sin embargo, la nueva ley no deroga la normativa de 2011, por lo que la Superintendencia continúa existiendo y mantendrá competencias en casos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo marco legal.
Entre las diferencias más significativas, Carrillo señaló que el período de insolvencia que permite iniciar procedimientos legales se reduce de cuatro a tres meses, tanto en el pago del canon de arrendamiento como en los servicios públicos asociados al inmueble, como aseo, electricidad y agua.
La especialista aseguró que estas modificaciones incrementarán la confianza de los propietarios, lo que podría traducirse en más inmuebles disponibles para alquiler y un mercado más dinámico y seguro.
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