Ismary Bustamante| La Prensa del Táchira.- Ante la puesta en vigor de las nuevas normas de seguridad vial y control emitidas por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), empresarios en San Cristóbal advierten que el verdadero peligro en las calles radica en jóvenes inexpertos que hacen Delivery de forma ilegal.
Italia Hernández, socia de una empresa de Delivery en San Cristóbal opinó que muchos jóvenes trabajan como repartidores independientes y fuera de las grandes plataformas, lanzándose al tráfico sin ningún tipo de supervisión ni control institucional.
"En nuestra empresa constituida formalmente ya venimos adelantados con respecto a gran parte de lo que la ley estipula, de hecho desde hace meses estamos estudiando aseguradoras para contratar seguros médicos para el personal. No aceptamos menores de 25 años. También se hace monitoreo de la forma de manejar de los trabajadores para no colocar en riesgo lo que trasladamos y a las personas en las vías públicas" detalló Hernández.
La corrupción como el problema central
Al referirse a las escuelas de manejo que detalla la ley, Hernández enfatizó que esta exigencia debería aplicar para todos los ciudadanos: "Es una obligación a la hora de que un venezolano saca la licencia de conducir", reclamó, criticando que muchas veces se pague por el documento a través de gestores sin presentar ningún examen.
"Esperemos que se pongan en vigor estas normativas, porque es injusto que las empresas legalmente constituidas paguen impuestos y estén al día con todas las normas, mientras que otras personas trabajan de manera ilegal" manifestó.
Dixon Cárdenas, conductor de Delivery, aseguró que están dispuestos a apegarse a la norma, pero advierten que para que realmente funcione, se "deben crear sistemas transparentes donde no haya corrupción ni matracas".
Economía en picada
El trabajador señaló que entre los repartidores existe un fuerte temor de que el costo de las nuevas exigencias -como los permisos y seguros obligatorios- recaiga en sus propios bolsillos y reduzca sus ingresos.
Otro empleado que prefirió no dar su nombre dijo que los trabajadores sienten que la medida no busca la seguridad vial, sino que el gobierno intenta aprovecharse de ellos económicamente.
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