Agencias | La Prensa del Táchira.- Órdenes de aprehensión ha girado el gobierno mexicano en contra de militares por su presunta participación en la desaparición y asesinato de 43 estudiantes del magisterio en 2014 en Ayotzinapa.
Familiares de las víctimas vienen luchando a favor de que se haga justicia por las muertes y este sábado el jefe de investigación sobre lo ocurrido, Omar González dijo que las órdenes forman parte de un total de 70 ya otorgadas que involucran a policías municipales y federales.
Todos estos funcionarios están acusados de ser los presuntos autores materiales e intelectuales.
Gómez no especificó el número exacto de mandatos judiciales sólo para militares ni el rango de los mismos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para precisarlo ni el propio Gómez, consultado más tarde.
Esta semana, tres fuentes dijeron a Reuters que las autoridades se estaban preparando para ejecutar órdenes de aprehensión que incluían a miembros de un batallón en Iguala, Guerrero, zona en la que desaparecieron los estudiantes del magisterio de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014.
"No hemos dejado de luchar porque aún nos faltan nuestros seres queridos en la casa", dijo María Martínez, madre de uno de los estudiantes durante la presentación de los avances de las pesquisas, en donde habló Gómez y también el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien también mencionó las órdenes contra militares.
Martínez, quien habló a nombre de familiares, reclamó al presidente los precarios esfuerzos que consideró se han hecho para inculpar a militares por los hechos de uno de los casos emblemáticos sobre las fallas del sistema de justicia en México.
López Obrador ofreció una disculpa a los padres de los jóvenes, presentes en el acto, "porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado" y aseguró que no se encubrirá a nadie que haya participado en el crimen, incluso a militares, sentenció.
Hasta ahora, se han hallado restos de sólo tres jóvenes. El caso ha puesto al descubierto la crisis humanitaria en México, desatada por grupos criminales coludidos en muchos casos con autoridades.
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