María Vargas Cárdenas | La Prensa del Táchira.- Al menos unas 90 personas en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, estarían sometidos a aislamiento forzoso sin comida ni condiciones adecuadas, tras haber regresado de Cúcuta, Colombia.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), alertó a través de Twitter sobre una denuncia recibida por los afectados, acerca de la situación que estaría incurriendo en violación a los derechos humanos.
"Hemos recibido denuncia de aislamiento forzoso de aprox. 90 personas en Barquisimeto. La Guardia Nacional los ingresó en contra de su voluntad en un centro de cuarentena de Villa Bolivariana tras regresar de Cúcuta. Desde el 25 de Marzo sin comida, confinados en condiciones inadecuadas", denunció Provea a través de Twitter.
Afirman que los sacaron de autobuses y los llevaron a una especie de apartamento, con solo colchones, sin productos de higiene. "Señalan estar cansados y no querer pasar 15 días o más ahí. Exigen que les hagan los exámenes pertinentes de COVID-19 para su libertad", precisa el mensaje en la red social.
La ONG sostiene que los funcionarios les afirman que deben permanecer ahí "hasta pasar proceso de cuarentena". No permiten comida de familiares. Las personas denuncian violencia, aseguran que amenazaron con aprehensión de esposas si no seguían órdenes "Se quedan o se quedan" les dijeron.
Según Provea,las víctimas afirmaron que hasta los momentos no les han hecho exámenes, sólo diagnósticos generales de temperatura y revisión de garganta en San Antonio del Táchira, y la segunda en Zarare, estado Lara.
"Esta sería una violación a los derechos humanos de estas personas, sin atención, sin insumos o equipos, ni personal profesional, ni tampoco condiciones de protección aconsejados por la OMS", sentencia la ONG.
De igual manera, explica que "las medidas podrían ser contraproducentes y propiciar contaminación de COVID-19 por las pésimas condiciones sanitarias, sin cumplimiento de protocolos de salud. El Estado de Alarma no debe atentar contra las vidas humanas bajo la premisa de protección sobre presuntos casos".
La ONG insta a las autoridades venezolanas a "responder por las vidas y condiciones de todas estas personas", entre las cuales hay al menos dos menores.
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